Francisco Ruiz Díaz, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), señaló durante una conferencia de prensa que los campesinos no podían acceder a sus títulos de propiedad, porque la ley exigía que tenían que pagar montos muy elevados y ellos no disponían de esa cantidad exigida.
El proyecto de ley actual apunta a la entrega inicial del título, el acceso a créditos agrícolas y la extensión a 12 meses del plazo para el pago inicial y también final.
#Ahora | Conferencia de prensa
— Paraguay TV (@ParaguayTVHD) April 16, 2026
▶️Presentan proyecto de ley para eliminar la traba del 3% a las familias campesinas en su acceso a la tierra propia y entregar 50.000 títulos de propiedad
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“En primer lugar, entregarle el título de propiedad en vez de realizar un pago inmediato, otorgándole un plazo de 12 meses, dándole tiempo de que vaya hasta el Crédito Agrícola, obtener un préstamo e invertir en su finca y con esa mejora pagar su título y alargar los plazos”, manifestó.
En ese sentido, dijo que el plazo actual para el pago total para los hombres es de 10 años, lo que se extendería a 20 años, mientras que para las mujeres es de 15 años, lo que pasaría a 30 años.
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Asimismo, el ministro del Ministerio de Agricultura, Carlos Giménez, sostuvo que ahora se tiene una herramienta fundamental para que puedan invertir los campesinos, ya que la falta de acceso a tierras generaba un desarraigo para los campesinos.
Anuncio de marchas campesinas e indígenas
Desde el 20 al 22 de abril, organizaciones indígenas y campesinas realizarán una movilización nacional que paralizará puntos estratégicos en diversos departamentos, denunciando una crisis económica, ambiental y de soberanía territorial sin precedentes.
La medida de fuerza responde a situaciones de precariedad que viven ambos sectores. A través de un comunicado, señalaron que más del 30% de las comunidades indígenas carecen de seguridad sobre sus territorios y más de 1.400 familias campesinas fueron desalojadas entre diciembre del 2025 y marzo de 2026.
A diferencia de años anteriores, la protesta no se centralizará únicamente en Asunción, sino que se distribuirá en varios puntos del país con cortes de ruta, asambleas permanentes y marchas.
“Nos movilizamos para frenar los desalojos violentos, recuperar las tierras malhabidas, restituir territorios ancestrales y exigir un presupuesto real que garantice derechos humanos de los pueblos indígenas y el avance de la Reforma Agraria”, afirmaron los organizadores.
La regularización de comunidades campesinas es otro de los pedidos que realizarán a las autoridades. Señalaron que el 40% de las 3,5 millones de hectáreas de la reforma agraria están en manos ajenas al campesinado. Solo entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se registraron 16 desalojos que afectaron a 1.400 familias.