Si no, cada nuevo periodo de gobierno precisaremos invertir el presupuesto en ampliar todos los edificios públicos para albergar a los nuevos grupos de parientes, amigos y partidarios que cada legislador, cada ministro, viceministro, directores, etc., que asumen el cargo dicen “¿tener derecho?”.
Al respecto, planteo: ¿Dónde dejan la ética?, si saben que están alimentando un privilegio que, por donde se lo mire, es injusto porque es en detrimento de otros, aunque traten de otorgarle un ropaje de legalidad, invocando la figura del cargo de confianza.
Si no es correcto, no es válido justificar prácticas así, diciendo que existen y han existido siempre. Que están normalizadas, por lo que “todos hacen lo mismo”.
¿Cómo justificar en todo esto el incumplimiento del principio de que en el ejercicio de la función pública es imperioso no solo aparentar, sino ser y, por tanto, se debe actuar honrando la confianza ciudadana con rectitud y sentido de justicia?
Por lo tanto, cómo pretender disuadir a la ciudadanía sobre un privilegio que surge solo porque tu padre o madre, tío o padrino político accedió a un cargo público relevante y automáticamente se convirtió en un empleador.
¿Y qué hay con los demás ciudadanos?
Agreguemos que la esencia de la función pública es el servicio eficiente a los demás; no acaparar los cargos en una institución aprovechando una designación o el haber sido elegido para representar los intereses de la ciudadanía para trabajar a favor de esta.
De ahí que resulte tan burdo pretender justificar el hecho de haber convertido en activas agencias de empleo al Congreso Nacional y a los ministerios, y a cuantas entidades públicas existen, arguyendo que los hijos de políticos y funcionarios también tienen derecho a trabajar.
Sin duda, pero que compita, como cualquier hijo del pueblo, en igualdad de oportunidades si quiere acceder y hacer carrera en la función pública.
Es grosero y alevoso que hijos y demás familiares de legisladores, presidentes de seccional y otros correlís ingresen a puestos laborales diseñados a medida en el ámbito público, sin competir con otras personas que tienen los mismos derechos. Y para mayor indignación, que de entrada cobren altísimos salarios, pese a no tener asignada una función específica ni estar capacitados. Más bronca aún provoca que algunos lo hagan bajo la categoría de “asesor/a”, sin tener la formación para tal papel reservado a especialistas en distintas materias.
Es ofensivo y desalentador y no hay forma de justificarlo honestamente.
Por eso, molesta profundamente cuando desvergonzadamente los responsables de mantener este esquema perverso lo minimizan y defienden. Lo cual es muy preocupante, porque indica que carecen de ética, que no se rigen por valores. Y esto sí que es grave, porque ponen en duda las decisiones y actos que adopten y ejecuten desde el ejercicio del poder o desde los cargos que se les confían. Conductas así pervierten además las aspiraciones de los jóvenes de alcanzar un empleo en la función pública con base en el sacrificio, la capacidad, la formación y el desempeño.
También porque los líderes políticos no marcan diferencia con otros esquemas de poder, vacíos de principios, en los que unos pocos ni dudan en aprovecharse de los recursos ajenos con total impunidad.
No se puede construir una democracia sobre fachadas de ética, de autoridad y liderazgos vacíos de valores; perpetuando actos de abusos del poder, despilfarrando irresponsablemente los recursos del Estado, y asumiendo públicamente que nada ha cambiado en ese sentido, excepto algunos protagonistas, y que hoy ya no existe vergüenza.
