En el Departamento Central, 685 funcionarios, entre contratados y permanentes, engrosan las planillas de 21 oficinas; solo en remuneraciones cada año estas dependencias con base en salarios mínimos cuestan G. 24.660 millones de Presupuesto. Esto mismo se repite en las 268 oficinas electorales en todo el país.
En la zona de Central, y a nivel país, la de Luque es la que cuenta con mayor cantidad: 135 funcionarios, según las planillas de permanentes y contratados del TSJE, y un detalle bastante significativo: hay 85 representantes del Partido Colorado sobre 40 no afiliados a este partido. Según se informó, la mayoría de los funcionarios en esta dependencia son herencia del extinto líder político de Luque, Óscar González Daher, una herencia que a todas luces le cuesta muy caro al Estado paraguayo.
Considerando que hay una cantidad excesiva de funcionarios, estos deben dividirse en grupos para cumplir los horarios laborales. Los periodistas de ÚH pudieron asimismo observar que, incluso en el patio del local, se aglomeran funcionarios haciendo pasar el tiempo, y aguardando la llegada de la jubilación bajo la sombra de un árbol de mango: es el famoso freezer.
Según una funcionaria, estos no faltan nunca, ”y algunos se ofrecen a realizar funciones, pero no están capacitados para hacerlas; muchos tienen la edad para la jubilación, pero no la cantidad de aporte, y otros son analfabetos”.
Otras oficinas de Central también muestran cantidad de empleados: Lambaré cuenta con 60 funcionarios, Limpio tiene 49, Capiatá cuenta con dos dependencias cada una con 15 y 36 funcionarios, San Antonio llega a los 24, y San Lorenzo suma otros 64 empleados públicos. En Ñemby, en una pequeña oficina con un salón y dos dependencias, figuran 40 personas.
Todas estas personas han sido puestas en estos lugares por los partidos políticos, a lo largo de los últimos 30 años, cada uno de ellos cuenta con un padrino o una madrina, pues es precisamente de lo que se trata este cuoteo partidario que desangra al presupuesto del Estado.
Como si los anteriores datos mencionados no fueran lo suficientemente duros de aceptar, un detalle también preocupante se refiere a que en estos Registros Electorales sobrepoblados de Central se exhibe de manera impune la supremacía de un partido político; así destaca la relación de representación del 68% (ANR) con un 32% para otras fuerzas políticas con representación parlamentaria. De acuerdo con el cruzamiento de datos realizado por ÚH, de 11 oficinas con mayor cantidad de funcionarios en el Departamento Central, 7 de ellas tienen diferencias notorias de población de funcionarios colorados, copando incluso un 83% de la cantidad de funcionarios designados a una oficina como la de Luque.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral es la autoridad suprema en materia electoral en el país, y con estos datos no se puede menos que poner en duda su capacidad de mantener una postura independiente y autónoma.
Este cuoteo que consume los recursos del presupuesto es también una forma de corruptela en la que todos los partidos políticos son cómplices. Es evidente que hay pocas garantías de integridad.
