Melania fue asesinada por culpa del Estado. Los mecanismos de protección fueron perforados por múltiples evidencias de indiferencia, negligencia e inutilidad. El principal sospechoso, detenido hace tres años por abuso sexual a la niña, había amenazado con vengarse. Según el sistema penitenciario, el preso tenía un perfil psicológico que lo calificaba como apto para obtener la libertad ambulatoria.
A nadie, con mínimo conocimiento de las precariedades de nuestras cárceles, se le ocurriría creer en la seriedad de estas evaluaciones. Pero resulta que el juez Osmar Baeza, sí, por eso le concedió, sin reparos, el beneficio de la libertad. Pero, aún más grave, lo envió a su casa, en la misma compañía de Yegros, en la que vivía la víctima. Una única calle conecta las dos casas cercanas, de modo que el supuesto victimario pasaba cuando quería frente al domicilio de la nena.
Leyó bien, la Justicia paraguaya liberó a alguien que había sido preso por tentativa de abuso sexual contra una niña de ocho años, autorizándole a vivir a unos pocos centenares de metros de ella. ¿Por qué el juez, por lo menos, no solicitó que se le colocara una tobillera electrónica? El Estado ha comprado en abundancia. Quizás no hubiera evitado el hecho, pero, por lo menos, hubiera sido un intento de protegerla. Cuando el cuerpito fue encontrado, fue revisado por la médica forense María Cabrera, quien, pese a la complejidad de un caso de homicidio infantil, decidió –y lo sostuvo en entrevistas posteriores– que no era necesaria una autopsia. ¿Cómo no va a ser indispensable en una muerte violenta cuyas circunstancias y autores se desconocen?
Esta temeridad podría haber sido resuelta por el fiscal del caso, Carlos Ramírez, quien debería haber ordenado que la necropsia se realice. Era una cosa obvia, pero él mismo argumentó que no era necesaria, pues “no había indicios de abuso”. ¿Cómo pudo saberlo sin análisis técnicos? ¿Y la posibilidad de encontrar indicios del asesino en el cuerpo? ¿Oyó hablar del ADN?
Cuando, en la mañana siguiente, el horror de la tragedia tomó estado público el país entero se espantó de la absurda idea de que una autopsia fuera innecesaria.
Los programas radiales, los noticieros de televisión y las redes sociales reclamaban esa insólita desidia. Finalmente, ante tanta presión, el cuerpito de Melania, que estaba siendo velado y a pocas horas de ser enterrado en Caazapá, fue llevado a la Morgue Judicial, en Asunción. Algo que debería haber sido hecho desde el principio y era reclamado por la propia familia.
Mientras esta polémica se extendía, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Emiliano Rolón, admitía que no estaba al tanto de los detalles del asesinato y prometía interiorizarse. La FGE siendo FGE.
Menos mal que se hizo la autopsia. Pudo saberse cómo exactamente se produjo su muerte, se extrajeron muestras de las uñas que podrán ser elementos probatorios y, según el médico Pablo Lemir, se encontraron, además, “detalles escabrosos” que se mantienen en reserva. ¿Cómo pudo sostenerse que una autopsia no era necesaria?
¿Cree usted que aquí terminan las torpezas? Mientras se realizaba la autopsia se supo que otra jueza, María Roxana Ramírez, había adoptado una medida irracional que el principal sospechoso estuviera presente en la Morgue. ¿A fin de qué? ¿Para mayor sufrimiento de la familia de Melania, que estaría ciertamente allí? Felizmente, alguien pudo detener semejante despropósito y lo regresaron a la cárcel de Caazapá.
Los que no pudieron regresar a Caazapá con la ayuda del Estado fueron los familiares de Melania, de muy escasos recursos, a quienes les ofrecieron una ambulancia para venir a Asunción, pero se olvidaron de que también debían volver.
¿Cómo se pueden explicar tantos desatinos? Por una sola razón: Porque la familia de Melania es pobre. Si tuviera un apellido potente, contactos políticos o mucho dinero ni el juez ni la médica forense ni la Fiscalía actuarían con tanto desinterés.
Melania era una niña vulnerable y el Estado no la protegió.
En realidad, colaboró para que la mataran.
