El pedido fue tratado en la última sesión de la Junta, por medio de una minuta verbal presentada por el edil Javier Pintos (ANR-disidente), quien declaró que esta situación ya fue expuesta en reiteradas oportunidades y que el presidente del Casu se valió de “artilugios de mala fe” para apropiarse del inmueble.
Según la Resolución n° 8.571 de la Junta Municipal, el terreno mide en total 6.033,46 metros cuadrados. El documento prohíbe que se venda la propiedad y establece que “en caso de incumplimiento de las condiciones o de disolución de los centros adjudicatarios, los terrenos revertirán al dominio municipal”.
El concejal recordó esta regulación indicando que la cesión cuenta con un marco legal que incluye la mencionada resolución junto con un decreto del Poder Ejecutivo. En ambas, tal y como expuso el edil, se consignaba que al momento en que el Casu dejase de cumplir con los fines originalmente previstos, el inmueble tendría que retornar automáticamente al patrimonio municipal.
“Habida cuenta de que nos enteramos de que esta institución (...) ya no tiene ninguna construcción en ese lugar -dijo Pintos tras exponer una imagen aérea de la zona ubicada sobre la avenida Madame Lynch casi Aviadores del Chaco-, ya no ofrecen los servicios que originalmente justificaron que se le ceda a ese espacio de terreno. Están probablemente planteando destinarlo para otros fines”, añadió el edil.
En contacto con Última Hora, Pintos aseguró que hubo un pedido de fraccionamiento del terreno por parte de terceros.
Explicó, por otro lado, que el costo de este inmueble (USD 6 millones, al precio del mercado actual), representa una suma que bien podría servir para pagar por los intereses vencidos de los bonos que fueron emitidos en las últimas administraciones.
“Hoy estamos hablando de G. 48.000 millones, que es justamente la plata que necesitamos (...) para pagar las cuotas por los intereses”, aseguró.
Pidió en este sentido que las autoridades municipales “se comprometan a recuperar este inmueble”, puesto que se trata de un patrimonio municipal importante.
El concejal Miguel Sosa (ANR-HC), por su parte, dijo desconocer la situación jurídica del inmueble y solicitó que las direcciones de Asesoría Jurídica y Catastro aclaren el caso.
La convocatoria fue apoyada por el concejal Álvaro Grau (PPQ), quien informó que supuestamente la dirección de Asesoría Jurídica ya tenía una “hoja de ruta trazada” con respecto a las acciones a encarar para la recuperación del inmueble.
“Ellos se habían comprometido a ver una estrategia legal. (...) Que vengan al pleno para que conste en el acta lo que ellos dicen. Porque si no van a pasar los meses y lo que dicen en la comisión, se los lleva el viento”, dijo, aludiendo a una reunión realizada anteriormente entre concejales y representantes jurídicos en la Comisión de Hacienda.
Criticó por otro lado el hecho de que este inmueble no se defienda del mismo modo en que se defiende el uso de la Cuenta Única, herramienta con la que Oscar Nenecho Rodríguez justifica el desvío de los bonos que debían financiar exclusivamente obras de infraestructura.
“Cuando decían que podían usar el dinero de los bonos porque es la cuenta única, y (...) defendían a muerte, pero hay otras cosas que no defienden a muerte”, dijo Grau.
Finalmente se resolvió convocar al representante de asesoría jurídica, el director interino Jorge Cantero.
