Por otro lado, está el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de asegurar a la población ocupada en el sector privado, pero también a otros grupos de funcionarios públicos. Si bien en los últimos años se han aprobado leyes que autorizan la entrada a otros colectivos laborales como trabajadores independientes, trabajadoras domésticas, pequeños empresarios y hasta amas de casa la cobertura sigue siendo mínima.
Estas nuevas leyes no se cumplen por innumerables razones que van desde problemas de diseño, costos y desinterés de las autoridades encargadas por hacerlas cumplir hasta el desconocimiento y desconfianza de la ciudadanía.
Si a eso se agrega la enorme evasión existente en el régimen tradicional e histórico, que según las propias autoridades llega al 50%, resulta que gran parte de los trabajadores se encuentran desprotegidos, violando el derecho a la seguridad social establecido con rango constitucional.
El IPS es una institución determinante para la calidad de vida de los trabajadores y sus familias a lo largo de toda su vida. Durante el periodo laboral cubre la asistencia a la salud y provee licencias remuneradas en caso de enfermedad y maternidad y en la vejez provee jubilaciones, indispensable para no caer en pobreza y mantener autonomía económica.
La pandemia demostró con claridad su importante rol en la protección financiera frente a shocks inesperados. A pesar de que eventos como una pandemia no son frecuentes, otros shocks tienen mayor regularidad como la enfermedad de un integrante de la familia, la maternidad o paternidad, los accidentes laborales, la pérdida del empleo de alguno de los proveedores. Es decir, cualquier familia puede pasar por alguno de estos eventos. En los últimos años se han sumado los riesgos derivados de la crisis climática que agregan vulnerabilidad y exigen todavía mayor protección social.
La crisis por la que está pasando el IPS es el resultado de años de desidia, desinterés y corrupción por parte de sus propias autoridades pero también del Poder Ejecutivo y de los ministerios directamente involucrados con la calidad del trabajo como son el Ministerio del Empleo, Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura.
El Poder Judicial no castiga ni la evasión, por eso, el alto incentivo a evadir ya que el costo del incumplimiento es casi nulo ni la mala administración de los fondos. Los recursos de la institución están siendo dilapidados por compras sobrefacturadas, vencimientos de medicamentos e insumos, gestión ineficiente y prebendaria de los recursos humanos, malas inversiones de los fondos jubilatorios y pésima administración de los activos disponibles.
La situación actual, además de insostenible en términos financieros refleja el desprecio por los trabajadores en un país con una élite que tiene un discurso vacío de contenido sobre la meritocracia y el valor del esfuerzo.
