De unas 78 intervenciones realizadas en el país por la oficina de Asuntos Penales de la Administración Nacional de Electricidad, unos 50 fueron a establecimientos industriales del Alto Paraná, lo que ubica al departamento como el primero en el ranking del robo de energía eléctrica conforme a lo señalado por el jefe del Departamento de Asuntos Penales, abogado Freddy González.
La institución arrastraba una pérdida de hasta 60 millones de dólares anuales con la sustracción de energía eléctrica. Desde hace algunos meses comenzó a regir una nueva ley que impone castigos más severos a los que actúan en la clandestinidad y se registró intervenciones con resultados, que coincidió con la desaparición de los consumidores clandestinos industriales, conforme con la versión del funcionario.
“De unos 50 puntos sospechosos que teníamos de gran porte, todos se habrían desconectados luego de una intervención exitosa que se tuvo en Hernandarias, donde se desmanteló 3 locales, en las que tenían potencia contratada de la ANDE, pero seguían sustrayendo la energía”, afirmó el abogado. La presunción se basa en el monitoreo realizado en forma continua en una oficina central de la ANDE.
Por ese caso, están investigados Sandra Elizabeth Franco Olazar, Paul Klein y Adrely Ortiz.
Una vivienda fue allanada por el fiscal Alcides Giménez, quien encontró 10 máquinas mineradoras en funcionamiento y dispuso la incautación. La propiedad está situada en el kilómetro 8,5 Monday, fracción Ysapy, y estaba alquilada por Bernardo Bogado Medina (52). Las máquinas estaban instaladas en la parte trasera de la casa, según la Policía.
En agosto, el mismo fiscal acompañado con funcionarios de la ANDE había desmantelado otra instalación domiciliaria, que es de una iglesia evangélica, de donde se incautaron de los equipos para criptominería. EM
