Si bien el salario mínimo es un derecho estipulado para trabajadores en relación de dependencia, se supone que la canasta de bienes y servicios que allí se incluyen es la básica requerida para cualquier trabajador y su familia.
Actualmente, una escasa proporción de trabajadores recibe como remuneración mensual el equivalente al monto establecido. Una parte de los que no reciben es porque están al margen de la ley a pesar de contar con el derecho. Las estadísticas nacionales muestran que existe una evasión del 50% aproximadamente, tanto del cumplimiento de esta norma como la de la seguridad social. El desafío en este caso es para las autoridades laborales y de la seguridad social en la fiscalización de la vigencia de las normas.
Para quienes no tienen derecho al salario mínimo legal por trabajar de manera independiente o por cuenta propia, en la agricultura familiar, a destajo o cualquier otra modalidad, el Estado debe implementar acciones que les permitan aumentar su productividad y acceder a mejores mercados para aumentar sus ingresos.
La inclusión financiera, el acceso a información sobre mercados y estándares de calidad, la asistencia técnica y formación laboral, la reducción de los costos de tiempo y dinero de la formalización, y las mejoras en infraestructura vial y comunicacional son factores centrales para mejorar las condiciones de trabajo de un amplio sector de la población trabajadora que decidió emprender su propio negocio en lugar de trabajar en relación de dependencia.
El Estado paraguayo tiene normas, instituciones y recursos para mejorar estas condiciones, pero debe utilizarlas con calidad para que sus servicios redunden en beneficio de los trabajadores y puedan lograr mayores ingresos.
Los ministerios del Trabajo, Industria y Comercio y Agricultura y Ganadería, así como el IPS, el Crédito Agrícola de Habilitación y el BNF son las principales instituciones involucradas en mejorar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de salario mínimo y de impulsar que la mayoría de los trabajadores sean dependientes o ganen ingresos suficientes para llevar una vida digna.
El salario mínimo, además de ser un derecho para una parte de la población trabajadora, debe ser también el umbral por debajo del cual ningún trabajador debería estar. Sobre todo atendiendo a que varios estudios y las demandas de los trabajadores señalan que con el nivel actual no es suficiente para garantizar un nivel de vida adecuado. Por lo tanto, también debería garantizarse desde la autoridades un debate técnicamente riguroso acerca del nivel del ingreso familiar que garantiza la calidad de vida de sus integrantes y una posterior actualización del salario mínimo legal.
El país está creciendo casi sin interrupciones desde hace más de 10 años. No es posible que los beneficios de este buen desempeño de la economía no lleguen a los trabajadores.
