Prácticamente cada semana nos llega la información de un nuevo caso de feminicidio o de algún episodio de violencia contra mujeres y niños en el ámbito del hogar. El dato más reciente nos revela que hasta el 18 de setiembre se registraron 28 casos de feminicidio que han dejado un total de 51 huérfanos; en cuanto a los hechos de violencia familiar fueron atendidas 25.000 víctimas. Es urgente que el Estado a través de sus instituciones plantee políticas públicas y acciones concretas para evitar más violencia y más muertes.
Hace apenas una semana, el país entero se enfrentó a un terrible caso de doble feminicidio. El suboficial mayor Aníbal López Martínez que es agente del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional fue detenido e imputado por la Fiscalía por doble feminicidio en Presidente Franco, Alto Paraná. El uniformado mató a su esposa Carolina Coronel Fernández (39), con 12 disparos, y a su propia hija, Deisy Jazmín López (15).
De acuerdo con el testimonio de Laura Coronel, hermana de la víctima, los hechos de violencia ya se venían sucediendo repetidamente. En una ocasión, el suboficial encerró a Carolina y a otra hermana en una habitación de la casa y les roció gas pimienta, de uso policial como consecuencia se hizo una denuncia y se solicitó el rescate. En aquella ocasión, el agente llegó incluso a amenazarla en frente a otros efectivos quienes nada hicieron, y “es como que ellos (los policías) toman normal eso (por las amenazas), que es el momento, que estaba enojado”. (ÚH, 23 de setiembre).
Otro caso reciente involucra al fiscal Juan Daniel Benítez, quien aparece cantando la polca del Partido Colorado junto a la intendenta de Santa Rosa del Aguaray (ANR-HC) en un festejo privado. El video que registró el momento de la actuación generó una ola de indignación cuando la ciudadanía supo que el mismo fiscal había ordenado la liberación de Derlis Adilson Dávalos Arteta, quien había sido detenido por un caso de violencia familiar y al salir del calabozo mató a su ex pareja Antonia Salinas, asestándola varias puñaladas.
En el primer caso, el del suboficial es importante remarcar la gravedad de la situación por el elemento que aporta el hecho de que el victimario es un uniformado. Como sabemos, por la característica de su trabajo no solo están preparados para ejercer violencia, sino también portan armas; precisamente por esto deberían tener una mejor preparación y se deberían hacer revisiones periódicas para evaluar la salud mental de los uniformados.
Por otra parte, resulta inaceptable que, si fuera cierto que hubo una velada amenaza proferida en frente a otros policías, estos no hayan intervenido. El caso del fiscal que liberó a un detenido por violencia familiar que luego iría a asesinar a su ex pareja también debe ser sancionado y el caso revisado.
Todo esto nos muestra la responsabilidad que tienen las instituciones del Estado y los funcionarios para evitar que siga creciendo la violencia contra las mujeres y los niños, así como también los casos de feminicidio.
Según los Datos Abiertos del Ministerio Público, hasta el 18 de setiembre de este año, ya se han registrado 28 casos de feminicidio, 51 hijos quedaron huérfanos y se cuentan 41 casos de tentativa de feminicidio. La violencia contra las mujeres es un problema público, estructural y de derechos humanos. No conoce fronteras y está presente en todas las sociedades, culturas y clases sociales, y debe quedar claro para todos que, toda violencia ejercida contra las mujeres y sus familias se traduce en una violación de derechos humanos.
Necesitamos que el Estado formule políticas públicas enfocadas en construir una sociedad que reconozca la igualdad de las mujeres, ya que solo se podrá erradicar la violencia y los abusos apuntando a la educación y a cambios culturales.
Al mismo tiempo, las instituciones del Estado deben aumentar los esfuerzos para proteger a las víctimas de violencia familiar cuando ellas realizan sus denuncias y los políticos deben comprometerse y otorgar mejores presupuestos a las instituciones encargadas de trabajar el tema porque también es necesario contar con funcionarios mejor capacitados para que ninguna otra mujer muera en manos de un violento.
