A nivel general se habla del mayor endeudamiento que tuvo que asumir el país para hacer frente al coronavirus. Inicialmente se manejó la cifra de 1.600 millones de dólares para cubrir los gastos más inmediatos, como los equipos e insumos sanitarios, apoyo a los empleados cesados y solventar los gastos del Estado.
Esto es solo lo que el Estado como administrador general destinó para los primeros tres meses de la cuarentena. Sin embargo, hay costos que son difíciles de cuantificar porque no existen registros estadísticos de los mismos.
Estos costos tienen relación con las personas que hasta hoy no pueden volver a sus actividades económicas, los miles de pequeños negocios que si bien volvieron a abrir no reciben la misma cantidad de clientes y un importante sector que todavía no puede operar y, por lo tanto, no genera ingresos y la situación se torna cada vez más desesperante.
El Gobierno maneja los datos estadísticos de las empresas formalizadas, pero, según los estudios, existe un 30% de la actividad económica que no esta registrada y lo constituyen los trabajadores informales y los cuentapropistas.
Las restricciones impuestas por el régimen de la cuarentena golpean la economía de estos sectores más vulnerables. Existen personas que están de acuerdo en seguir con la cuarentena, mientras que otras ya no quieren saber nada más de las restricciones.
A medida que se alarga la cuarentena, se genera una polarización de opiniones en la población. Las personas menos afectadas, económicamente hablando, se muestran favorables a la continuidad del régimen de restricciones. Mientras tanto, las personas que no pueden realizar sus actividades económicas claman por volver a trabajar.
Lastimosamente el Gobierno ya se está quedando sin recursos para seguir apoyando a los sectores que aún no pueden reiniciar sus actividades. En el Congreso, los parlamentarios ya se muestran desconfiados para aprobar nuevos endeudamientos y el Gobierno se encuentra en un estrecho camino donde las decisiones a tomar cada vez serán más difíciles.
Actualmente el Ejecutivo tiene listo un plan de reactivación económica basado en las inversiones en obras públicas, capitalización de los bancos estatales y nuevos subsidios a los trabajadores, especialmente a los vinculados al comercio fronterizo.
La semana pasada los ministros del Poder Ejecutivo realizaron la defensa del proyecto de ley de reactivación. Este lobby realizado la semana pasada fue a los efectos de explicarles a los parlamentarios el contenido de la propuesta y aclarar las dudas antes de remitir el proyecto.
La socialización del plan se realizó ante las voces negativas de los parlamentarios para aprobar nuevos créditos. El Ejecutivo teme que el proyecto sea rechazado o que sufra modificaciones que hagan difícil su aplicación, por lo que el cabildeo en los últimos días se intensificó con miras a lograr adeptos en el Congreso. Se espera que finalmente esta semana el Ejecutivo ponga oficialmente a consideración del Congreso el plan de reactivación. Ocurre que cuanto más demore en presentar el proyecto para su estudio y aprobación, mayores serán los costos y perjuicios que causará la cuarentena a la economía.
Los sectores económicos esperan con expectativa el anuncio de las medidas oficiales para ver si se ajustan a sus necesidades o si tendrán que seguir buscando más opciones.
Sin duda los costos y las pérdidas que fueron ocasionadas por la cuarentena sanitaria ya no se recuperarán. Hay negocios y pequeñas empresas que cerraron y difícilmente volverán a abrir. Hay puestos de trabajo que se perdieron y volver a recontratarlos llevará su tiempo. Cuanto más responsables seamos y se acorten los días de la cuarentena será mejor para todos.
