La Comisión Bicameral de Presupuesto continuó ayer el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, que presentaron las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Fiscalía y de otras dos entidades.
En el caso de la CSJ, el presidente de dicha institución, César Diesel, presentó el proyecto elaborado por el Poder Judicial que contempla más de G. 2,3 billones, equivalentes a USD 296,6 millones al tipo de cambio de G. 7.881 por dólar presupuestado para el año que viene.
Dicho monto implica un aumento del 34% con relación al presupuesto vigente o aprobado en 2025 para la Corte e incluso supera en 22% a la asignación que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, había previsto dentro del PGN global del próximo año.
La diferencia entre ambas estimaciones se debe principalmente a la creación de nuevos cargos y al aumento salarial previsto para magistrados y funcionarios, según dio a conocer Diesel.
El proyecto contempla la creación de 648 nuevos cargos, por G. 33.798 millones, mientras que en servicios personales en general, se prevé un aumento de G. 357.220 millones (USD 45 millones), lo que implica 29% más frente a los G. 1,2 billones de 2025.
Mientras tanto, la Corte propone un ajuste escalonado, según el nivel de ingresos, con lo que los funcionarios que perciben entre G. 2.798.309 y G. 5 millones tendrían un incremento del 20%; los que ganan entre G. 5 millones y G. 10 millones, un 10%; y aquellos con sueldos superiores a G. 10 millones, un 5%.
El plan incluye adecuaciones salariales para actuarios judiciales de primera y segunda instancia, y para actuarios especializados de los juzgados de Paz, que abarcan 1.210 cargos, así como la nivelación salarial de otros 3.901 funcionarios judiciales.
En cuanto a inversión física, proyecta un aumento de 94%. “Yo lamento que el Ministerio de Economía no pueda darle el plan de caja que otra vez el Poder Judicial necesita para la parte de inversiones. Nosotros si queremos alguna vez soñar con un Poder Judicial independiente, podríamos empezar desde este año, a través de independizarlo presupuestariamente”, señaló al respecto durante el debate el diputado liberal Freddy Franco.
Fiscalía. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, también presentó su propuesta, con unos G. 1,05 billones, lo que implica un aumento de 39,5% frente a los G. 756.896 millones de 2025 y G. 293.532 millones más frente al plan del MEF.
Esta entidad, por su parte, solicitó el incremento para la creación de 185 nuevos cargos, la adecuación de 5.815 puestos, además de más recursos para servicios básicos e inversiones físicas. Solo en servicios personales, se prevé un aumento de G. 223.601 millones (USD 28,3 millones).
El fiscal general señaló que se incluye un plan de aumentar en G. 1.000.000 a todos los funcionarios por igual. Sostuvo también que se necesitan incluso 700 fiscales a nivel país, pero que por el momento solo son 408.
“El presupuesto del Ministerio Público hoy es el mínimo del sistema de seguridad. La Policía Nacional, Poder Judicial, Defensa Pública, etc., están muy por encima”, lamentó por otra parte.
El plan de la Fiscalía también contempla para el año que viene la implementación de un Programa de Retiro Voluntario para los fiscales, cuya inversión será de G. 5.000 millones o unos USD 634.437 millones.
Cuestionan al MEF por no otorgar incrementos y califican de “truco”
Durante el debate en la Bicameral, varios parlamentarios cuestionaron que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no haya aprobado los aumentos a entidades claves como la Corte Suprema y la Fiscalía. La senadora Esperanza Martínez incluso calificó como un “truquito” del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, con el fin de que los aumentos se den en el Congreso y los legisladores sean los cuestionados. “Él (Fernández) sabe que esta es la necesidad, pero no lo coloca y después cuando nos manda acá y se cambia acá, entonces dice que nosotros somos los que alteramos su presupuesto. Él ya sabe que le tiene que dar esto, pero no coloca aquí para que políticamente nosotros seamos los que modificamos el presupuesto y nosotros somos los que hacemos los cambios. Y esa es una actitud frecuente del Ministerio de Economía (...). Esta debería ser la política pública financiada por el Gobierno, pero hace estos truquitos que los que ya tenemos algunos años en el presupuesto ya nos conocemos todo”, expresó específicamente durante el análisis del presupuesto para el Ministerio Público.
