Según explicó, los ministros también toman juramento de abogados en el interior del país, y que una persona le hizo llegar una grabación donde se escuchaba que se pedía la suma de G. 400.000, para que el mismo sea incluido en la lista de las personas que iban a prestar juramento.
Según Ramírez Candia, no sabía si era un funcionario judicial o un gestor el que pedía el dinero. Además, tampoco se podía determinar si la inclusión era para abogados que debían jurar o de otra manera.
Con ello, indicó que los trámites para realizar los juramentos a los abogados para que puedan ejercer la profesión eran totalmente gratuitos, por lo que había indicios de la comisión de hechos punibles, posiblemente coima o estafa.
Al final, el ministro solicitó que se remitieran los antecedentes al Ministerio Público para abrir una investigación para esclarecer los hechos.
La moción fue aprobada por el pleno, por lo que se dispuso que se enviaran los antecedentes a la Fiscalía para que tomara cartas en el asunto e investigara el caso.
Tras presentar toda la documentación correspondiente, como el título de abogado, y certificados de antecedentes, el profesional puede prestar juramento para ejercer la representación en Tribunales.
