El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander, en un acto de la Embajada de Israel fue abordado ante los reclamos de las víctimas de la mafia de los pagarés y él atribuyó a la Corte Suprema de Justicia haber iniciado las investigaciones.
Ante la consulta de si qué responde a las víctimas de la mafia de pagarés, dijo que “la Corte fue la que empezó la investigación con las auditorías”. “Recuerdo que en 2024 nosotros, como Corte Suprema de Justicia hicimos todas las auditorías, de todos los Jugados de Paz”, indicó.
El resultado de esas pesquisas luego se remitió como antecedentes a la Fiscalía “y los procesos siguen normalmente”, expuso.
Gustavo Santander dijo que la Corte ya suspendió a todos los jueces involucrados, a los ujieres y a los oficiales de Justicia. Mencionó que se hizo sumario a los abogados intervinientes, “si es que corresponde alguna responsabilidad”.
DESMONTE DE LA MAFIA. “Esta es una cuestión de hace 15 años. Yo estoy en la Corte hace dos años y medio y en un año que yo estuve, empezamos a investigar este tema. Y esperemos que se desmonte definitivamente y que esto no vuelva a ocurrir”, refirió.
También relató que se está tratando de obtener la lista de los abogados que fueron acusados por el Ministerio Público en las diferentes causas y que eso se tendría para inicios de febrero.
CUESTIONAMIENTOS A LA CORTE. Entre una de las críticas a la Corte Suprema de Justicia es que hace ocho meses no responde a los pedidos de auditorías que solicitó la Comisión Especial de Investigación de la Mafia de los Pagarés (Ceimp) del Senado.
Desde allí ya se enviaron tres notas pidiendo que se audite las 21 causas tramitadas en los juzgados de Justicia Letrada y de Primera Instancia de Asunción, Minga Porã y Alto Paraná.
El 12 de mayo del 2025 fue la primera vez de este pedido y lo reiteraron el 5 de noviembre de ese año, sin respuesta.
Los pedidos de auditoría agrupan causas correspondientes a víctimas que aprobaron que sus expedientes sean evaluados, “ante los serios indicios de irregularidades detectados por esta Comisión”.
Que la Corte no haya respondido este pedido de auditoría hizo que una investigación en la Fiscalía quede trabada y el fiscal Luis Piñánez haya tenido que pedir una prórroga. Se trata de la causa a raíz de la denuncia de la enfermera Luciana Bernadet, a quien le inventaron una deuda de G. 41 millones.
Otras víctimas también insisten en que el trabajo de la Corte es insuficiente porque los descuentos continúan y nadie logra hacer parar eso. Pidieron, por lo tanto, el juicio político a los ministros, a quienes consideran “los principales responsables de esta situación”.
