Los ministros César Diesel, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, cuatro de los seis que estuvieron en la cuestionada reunión secreta, sumados a los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Kriskovich, votaron por rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la ex legisladora Kattya González.
Por su parte, coincidentemente, los tres ministros que no estuvieron en la citada reunión, Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos y Gustavo Santander, votaron por admitir la acción constitucional, y anular la resolución dictada el 14 de febrero del 2024, por los 23 senadores para sacar la investidura a Kattya González.
En un fallo de 94 páginas, en mayoría, la Sala Constitucional ampliada rechazó la acción de inconstitucionalidad con el argumento de que la resolución del Senado no podía ser revisada por la Corte, ya que era una cuestión exclusiva del Poder Legislativo.
La ex congresista había promovido la acción contra la citada resolución de la Cámara Alta, con el argumento de que se afectaron groseramente las garantías elementales, ya que no dieron plazo para la defensa, ni siquiera se le notificó cuál era la acusación.
Además, sostuvo que se había violado la Resolución N° 429/2023, que indicaba el procedimiento a seguir para el proceso de pérdida de investidura, lo cual fue ignorado, ya que solo hubo 23 votos para su destitución.
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Con ello, la accionante atacó la forma (procedimiento) en que fue destituida no los motivos, apegándose a varios fallos de la Corte respecto a que no podía ver los motivos de la destitución, pero sí podía revisar si se respetó el debido proceso.
La fiscala adjunta Artemisa Marchuk había dictaminado que la Corte debía acoger favorablemente la acción de inconstitucionalidad, ya que se había vulnerado el Estado de derecho y el principio de legalidad, porque se tomó un camino diferente en cuanto a la Resolución N° 429/2023.
Durante la tramitación de la causa, los ministros de la Sala Constitucional pidieron que se ampliara al pleno de la Corte para resolver la acción. No obstante, se inhibieron los ministros César Garay y Eugenio Jiménez, con lo que fueron reemplazados por los camaristas.
Voto en mayoría
Al revisar la acción, seis de los miembros señalaron que la resolución dictada por los senadores no violaba la Constitución.
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En varias páginas desarrollan los argumentos respecto a los actos exclusivos del Poder Legislativo, que no pueden ser materia de estudio por la Corte Suprema de Justicia, además de que el reglamento no estaba vigente al momento de la decisión.
Con la decisión, cambiaron la postura del Máximo Tribunal respecto a varios fallos que indicaban que sí podían revisar las decisiones legislativas en el sentido de verificar si se respetó o no el debido proceso.
Por su parte, el voto en minoría de los ministros Ramírez Candia, Ríos y Santander sostiene que los legisladores violaron el debido proceso al no respetar el reglamento interno, no conceder tiempo para preparar la defensa y no notificar a la legisladora sobre los cargos en su contra.
Coinciden con la fiscala adjunta en que la resolución debía ser anulada por ser inconstitucional. De esta manera, los ministros entendieron que González debería volver al Senado.
