30 oct 2026

Fiscalía caratula como tráfico de influencias la causa contra Zenaida Delgado y pide primeros oficios

La fiscala de Delitos Económicos Marlene González ya caratuló la causa contra la senadora como “Zenaida Delgado sobre tráfico de influencias y otros” y solicitó a los medios de comunicación de ÚH y Radio Monumental audios y documentos que se encontró durante la investigación a la parlamentaria, por un sistema de cobro de “peajes”, obligando a funcionarios a prestarle dinero, sacar créditos para acceder a nombramientos en la Cámara Alta.

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La legisladora Zenaida Delgado habría obligado a funcionarios a endeudarse para pagar por sus nombramientos.

Gentileza.

A través de un oficio, la fiscala de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 10 solicitó los “documentos que se encontraron en el supuesto esquema de nombramientos y cobros irregulares por parte de la senadora Zenaida Delgado”.

La agente Marlene González pidió las copias íntegras de todas las presentaciones, notas, audios, impresiones, constancias o elementos documentales arrimados respecto a la investigación periodística llevada a través de Última Hora y Monumental con relación a los hechos que involucran a la legisladora.

Dio un plazo de cinco días para presentar a la Fiscalía los datos.

La causa

El pasado lunes, fue designada la fiscala Marlene González de la Unidad Anticorrupción para investigar a la senadora Zenaida Delgado, luego de ser denunciada penalmente por el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Bachi Núñez.

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El hecho surge tras haberse expuesto tres funcionarias a contar el presunto esquema de cobros. Lidia González, Lorena Gauto y Leonarda Vera se reunieron con el senador Bachi Núñez, quien se comprometió a mantenerlas en el cargo ante el temor de represalias.

¿Cómo funcionaría el esquema?

Las denuncias exponen que los funcionarios eran contratados con bonificaciones salariales y debían entregarle parte de ese dinero cada mes a la legisladora.

Los montos variarían según el salario y el cargo de cada persona. Hay quienes tenían que dar G. 1.350.000, G. 1.500.000, G. 2.000.000 y hasta G. 2.500.000 mensuales.

“Esa bonificación es justamente para la senadora”, contó una denunciante.

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Luego, para tener el nombramiento permanente, ya tenían que dar sumas millonarias que llegarían a los G. 100 millones.

Si no cumplían, eran despedidos supuestamente, amparándose la senadora en que recién después del nombramiento tenían estabilidad.

Los aumentos de salarios tenían la firma de Bachi Núñez, quien dijo desconocer el modus operandi ilegal.

Lidia González contó detalladamente cómo la senadora le pidió G. 150 millones y, que en todo el tiempo que trabajó con ella, sufrió maltratos sicológicos.

Ella mostró pruebas de las transferencias que hizo a Delgado, quien pedía dinero constantemente y de manera “urgente”.

Lorena Gauto, por su parte, nunca recibió pedidos directamente, sino a través de sus compañeros la senadora solicitaba dinero. La mujer habría sido obligada a sacar un préstamo de G. 15 millones.

Más víctimas

Las tres denunciantes no serían las únicas afectadas. Hay otros más con el temor a exponer lo sucedido, según cuentan.

El esquema afectaría a entre 15 y 20 funcionarios del Congreso Nacional, y el destino de quienes no cumplen con las cuotas o hacen pagos parciales por sus nombramientos o incluso se niegan a endeudarse es la desvinculación.

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