La Sala Penal de la Corte, con voto dividido, dispuso que la camarista Rosalinda Guens, perciba los salarios caídos, aguinaldos, gastos de representación, bonificaciones por antigüedad y responsabilidad en el cargo, que no percibió porque fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento, fallo que luego se anuló.
Fue fallo dividido del ministro César Diesel y los camaristas Esteban Kriskovich y Hugo Garcete, que integraron la Corte para estudiar el recurso planteado por la magistrada en contra del fallo del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, que dispuso que solo debía ser abonado el salario básico.
Con la resolución, la magistrada que ganaba en el 2014 la suma de G. 17.492.716, deberá percibir sus salarios caídos desde octubre del 2014, hasta marzo del 2019, con lo que suman en total unos G. 1.032.070.244, sin contar el aumento que percibieron en el 2015.
La camarista, actualmente miembro del Consejo de Administración de Paraguarí, había sido declarada inamovible en el 2012. Por sentencia del 9 de setiembre del 2014, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados le destituyó de su cargo de miembro del Tribunal de Apelación.
La misma planteó acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que por acuerdo y sentencia del 12 de julio del 2018, hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad y anuló la resolución del Jurado de Enjuiciamiento.
Sin embargo, recién el 1 de abril del 2019, la magistrada Guens fue repuesta en su cargo por resolución del pleno del 1 de abril del 2019, por lo que a partir de ese mes volvió a percibir sus salarios.
La misma reclamó ante la Corte el pago de los salarios caídos, y los demás beneficios, lo que fue negado por el Máximo Tribunal por resolución del 30 de octubre del 2019. Ante esto, la misma promovió una demanda en lo Contencioso Administrativo.
El Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por fallo del 23 de agosto del 2021, hizo lugar parcialmente a la demanda, por lo que dispuso rectificar la resolución, y dispuso el pago de los salarios básicos caídos, no así los demás beneficios reclamados.
CORTE.. La magistrada apeló el fallo ante la Sala Penal de la Corte, donde se inhibieron los ministros salvo el actual presidente, César Diesel, por lo que se integró con los magistrados Esteban Kriskovich y Hugo Garcete.
En mayoría, los camaristas señalaron que la Corte rechazó el pago de los salarios caídos, porque la misma no cumplía funciones, pero esto le fue cercenado en forma irregular y no por voluntad propia de la accionante.
Los mismos citan la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, para invocar los derechos de la magistrada, al ser víctima de una sentencia arbitraria que la sacó del cargo.
Con ello, votan por revocar la resolución del Tribunal de Cuentas y conceder el pago de los salarios y los demás beneficios laborales.
Por su parte, el ministro César Diesel votó en disidencia, por la confirmación en todos sus puntos de la resolución del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. Dice que solo deben ser los salarios, porque los demás son inherentes al cargo, que implica el ejercicio efectivo del mismo.
Son 54 meses más aguinaldos
Al momento de su destitución en el 2014, la magistrada percibía un sueldo de G. 8.080.935, más gastos de representación G. 4.875.000, bonificaciones y gratificaciones por G. 3.886.781, G. 200.000 y G. 250.000, y subsidio por salud por G. 200.000. Debe percibir, 3 salarios del 2014, por los meses de octubre, noviembre y diciembre, más aguinaldo de ese año; más salarios y aguinaldos por los años 2015, 2016, 2017, 2018, más 3 salarios del 2019, hasta que fue restituida en el cargo en abril de ese año.
