Fue decisión dividida de los ministros César Diesel, Víctor Ríos Ojeda y Alberto Martínez Simón, que integraron la Sala Constitucional.
En mayoría anularon la resolución del 18 de diciembre del 2020, del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, que revocó la decisión de la jueza Clara Ruiz Díaz, que sobreseyó definitivamente a los dos españoles.
Además, los camaristas le dieron trámite para que el fiscal general del Estado acusara o planteara otra salida procesal en contra de los dos procesados.
La acción fue promovida por los abogados Federico Huttemann, Enrique Kronawetter y Jorge Kronawetter, en representación de los ciudadanos españoles procesados por supuesta lesión de confianza y otros delitos.
LA CAUSA. En el caso, el 3 de mayo del 2018, los ministros Sindulfo Blanco, Myriam Peña y el camarista Cristóbal Sánchez habían admitido la acción de inconstitucionalidad de Casado y Lasso.
Con el fallo, habían anulado la acusación fiscal del 23 de mayo del 2014, a más de la resolución del 5 de agosto del 2014, del juez Hugo Sosa, que elevó el caso a juicio oral, y la decisión del 1 de octubre del 2014, del Tribunal de Apelación que lo confirmó.
Después, el expediente fue remitido a la jueza Clara Ruiz Díaz, que el 16 de julio del 2020 sobreseyó a los españoles. Esto fue apelado por la Fiscalía. Así, el Tribunal de Apelación Penal revocó el sobreseimiento y dispuso que se enviara el caso al fiscal general, por falta de acusación.
Fue contra esta decisión que fueron a inconstitucionalidad. Alegan que lo resuelto perjudica al procesado y retrotrae el caso a etapas ya fenecidas.
El ministro César Diesel votó por anular el fallo. Argumenta que el trámite dado por el Tribunal de Apelación es incorrecto, ya que la acusación fue anulada por la Corte, mientras que el artículo 139 del Código Procesal Penal es para los casos en que no se presentó acusación, requerimiento conclusivo, o prórroga ordinaria.
Con ello, dice que este procedimiento no hace más que retrotraer el proceso a una etapa anterior ya fenecida, en perjuicio del procesado, con lo que la resolución debe ser anulada. A esto se adhirió el ministro Víctor Ríos.
El ministro Martínez Simón votó por el rechazo de la acción porque la Corte no puede constituirse en tercera instancia en los procesos.
Al final, por mayoría, anulan el fallo y reenviaron el caso a otro Tribunal de Apelación para que lo estudie de nuevo.
