El fiscal adjunto de Delitos Económicos, José Dos Santos, tiene a su cargo la investigación sobre supuestas irregularidades en la administración de la ex ministra de Educación, Marta Lafuente.
En ese marco, solicitó al ente contralor el informe de la auditoría financiera y presupuestal del ejercicio fiscal del 2014 y primer semestre del 2015 que se realizó en la cartera de Educación.
La Contraloría General respondió este miércoles a la solicitud y remitió todos los antecedentes a través de un medio magnético y copia autenticada.
“Con relación a la consulta referente a la comisión de un hecho punible en particular, el equipo auditor comunicó que no se llenaron los formularios de reporte de indicios de hecho punible contra el patrimonio público”, menciona el escrito enviado al Ministerio Público.
Sin embargo, el Ministerio Público abrió el pasado lunes una investigación a la gestión de la ex ministra de Educación, luego de que la Contraloría haya detectado irregularidades que llegarían a G. 1 billón en dicha cartera estatal.
La denuncia fue realizada ante la Fiscalía por gremialistas encabezados por Silvio Piris, titular de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
Martha Lafuente había presentado su renuncia al cargo en el mes de mayo de este año, tras la revuelta estudiantil que tuvo como punto álgido la toma de varios colegios en todo el país.
De acuerdo con la auditoría financiera y presupuestal del ejercicio fiscal del 2014 y primer semestre del 2015, el MEC no tiene títulos de propiedad de sus terrenos por valor de G. 325.834.018.504, tampoco de sus edificaciones valuadas en G. 658.104.277.822.
Al término del 2014, la institución bajo la gestión de Marta Lafuente entregó un balance que mencionaba un desembolso de G. 191.326.867.996 para obras civiles, pero la suma no refleja el valor de los trabajos en ejecución.
También se detectaron obras inconclusas por G. 11.096.792.860, correspondientes al proyecto de atención a niños de entre 3 y 4 años de edad con la construcción de aulas con sanitarios en 100 instituciones educativas de Asunción y 10 departamentos del país. Este dinero proviene de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
En cuanto a kits escolares, la Contraloría encontró que no se distribuyeron los útiles por G. 7.788.000.000. Además, se incumplió con el suministro de otros materiales, entre textos y elementos didácticos, por valor de G. 55.386.260.681.
