Desde el 2019 al 2025 se reportaron 216 casos de hechos punibles, que alcanzaron aproximadamente USD 759 millones (unos G. 5,3 billones), según técnicos de la Contraloría General de la República. En lo que va de 2025, hubo 28 reportes por USD 16 millones (G. 112.000 millones), tal como fue presentado por la entidad frente a la Comisión Bicameral encargada del estudio del informe y dictamen que hace la institución, a cargo de Camilo Benítez, quien brindó referencias generales sobre el trabajo de la repartición que lidera.
Entre los reportes más importantes que fueron citados por los técnicos de Contraloría, se encuentran los de Incan, cuyo reporte fue remitido completamente ya al Ministerio Público; Copaco (citado por el propio Benítez), del cual dijo que la entidad tenía acciones que valían G. 79.000 millones, y que por desidia su monto hoy vale 0. “Es importante averiguar por qué hoy esas acciones tienen valor 0”, ratificó el contralor.
La Municipalidad de Los Laureles, por cheques emitidos a nombre de funcionarios y construcciones en terrenos privados; el INDI por sus irregularidades en la rendición de cuentas y transferencias a comunidades indígenas con problemas de documentación, forman parte de los casos reportados más significativos.
Se suman la Municipalidad de Isla Umbú por cheques liberados a nombre de la tesorera de la Comuna, y no al de un acreedor; además del Instituto de Previsión Social (IPS), por pago a jubilados fallecidos: “Pedimos informe al IPS, pero con sus últimas notas no se notaron acciones pertinentes; entonces remitimos el caso a la Fiscalía”, apuntó Benítez.
Uno de los técnicos de Contraloría explicó que hay mucha preocupación en torno a cómo se gestiona la seguridad de la información.
“Existe más riesgo en las municipalidades y la mayoría de los entes pequeños del Estado, ya que en sus presupuestos no se nota que estén invirtiendo en tecnología”, acotó.
Se destacó además que de acuerdo con el Plan General de Auditoría, existen protocolos y, en el caso del IPS, la Contraloría se encuentra con siete equipos de auditoría.
“En el IPS no se contempla auditoría financiera o de cumplimiento; sin embargo en Petropar sí realizamos auditoría financiera, mientras que en ANDE también se despliegan fiscalizaciones especiales inmediatas”, refirieron los técnicos.
Un caso que llamó la atención fue en Senadis, pero más relacionado con la salud, ya que no hubo control de entrega de medicamentos controlados. Se pidió a Senad reporte y esta última entidad indicó que pude causar grave riesgo en adicción de jóvenes.
759 millones de dólares aproximadamente suman los casos punibles detectados en últimos siete años.
79.000 millones de guaraníes valían acciones de Copaco; que hoy tienen valor cero, según se extrañó el contralor.
“Deuda con vialeras es por licitaciones sin presupuesto”
En torno a la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las vialeras, el contralor Camilo Benítez recordó que en años anteriores se procedieron a licitaciones sin el presupuesto correspondiente.
Sin hacer alusión directa, se refirió obviamente al gobierno anterior, que había hecho llamados sin aprobación del Congreso, lo que generó un descalce en la ejecución del presupuesto.
“Esto hizo que se acumulen montos de deuda; ya que las empresas iniciaban las obras, no cobraban y entonces se endeudaban en el sistema financiero, lo que generaba intereses”, explicó respecto de la actual deuda con las vialeras.
