Para la Contraloría General de la República (CGR), es claro que, si los recursos provenientes de los bonos no fueron utilizados para los fines propuestos inicialmente, el caso de la Municipalidad de Asunción debe pasar al Ministerio Público para una investigación penal.
“Si se encuentra que ese dinero fue utilizado para cualquier otro tipo de gasto corriente, contrario a lo que establece la ley municipal, claramente tenemos la obligación de remitir a la Fiscalía”, explicó el contralor Camilo Benítez para radio Monumental 1080 AM.
Sobre el plazo que se tomará la institución para analizar la situación de la comuna capitalina, considera que no pasarán más de 30 días para tener los resultados.
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“Yo creo que con la información remitida ya va a ser suficiente para poder emitir un dictamen”, dijo sobre la tarea que está llevando el equipo auditor ante las sospechas de que faltarían documentos al legajo que entregó la municipalidad a la CGR.
Asimismo, el contralor admitió que hay sospechas de malversación de fondos y mencionó las consecuencias que puede tener este comportamiento.
“Yo creo que cuando el dinero proveniente del endeudamiento a través de bonos no es utilizado para obras de infraestructura y sí es utilizado para gastos corrientes, siempre eso genera, primero un indicio de fraude, pero siempre genera un perjuicio patrimonial. Nosotros en el pasado ya hemos reportado al Ministerio Público este tipo de conductas”, manifestó.
El propio intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, reconoció que usó los recursos para recolección de basuras, adquisición de camiones, maquinaria, herramientas para la Policía Municipal de Tránsito, entre otros.
Atribuyó esta medida a la morosidad en el 51% de los 450.000 asuncenos, teniendo en cuenta que esto repercute en las recaudaciones.
Al tratarse de un intendente cartista, Benítez fue consultado acerca de las presiones políticas, pero respondió que esto no sucede y que en sus siete años en la Contraloría, la institución demostró autonomía en sus decisiones.