El contralor general, Enrique García, es investigado por la Fiscalía por los supuestos hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero entre el 2012 y 2017.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) reportó en mayo del 2018 al Ministerio Público que el titular de la Contraloría no contaba con la justificación del origen de una suma cercana a los G. 3.000 millones, según publicaciones de un medio periodístico.
Al respecto, García aclaró en comunicación con Monumental 1080 AM que desconocía totalmente la investigación y cuestionó que se haya mantenido oculta durante un año. Además, criticó que no recibió notificación, ni comunicación sobre el caso.
“Ahora resulta que el contralor tiene un juicio político (…) o hay un expediente en el cajón que resucita un año después en la medida de la oportunidad y la coyuntura porque resulta que el contralor es un lavador de dinero”, exclamó.
García explicó que el monto no responde a una suma escandalosa, pese a que pareciera “de terror”, ya que durante el tiempo sometido a la investigación, él se desempeñaba en el sector privado en una oficina jurídica donde trabajaba bien y tenía buenos ingresos.
“El tema que subyace sigue siendo de nuestra conferencia de hace dos días y de la decisión de que la Contraloría, en nuestra autonomía constitucional, disponga la auditoría de un ente estatal como lo es el Ministerio Público”, argumentó.
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El alto funcionario refirió que la fecha del reporte de Seprelad se remite al periodo que correspondía al ex presidente Horacio Cartes, cuando se registraba “el fervor del proceso de destitución del contralor por el gobierno cartista”.
Aclaró que la intención del juicio político al contralor se intensificó debido a que el órgano había dictaminado en contra de proyectos como la Alianza Público-Privada (APP) para el aeropuerto Silvio Pettirossi, una licitación de Conajzar y del Ministerio del Interior que eran de interés del Gobierno.
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“Muy grave es lo que acontece, muy jodido el mensaje político. La Fiscalía tiene ases bajo la manga en el afán de impedir el ejercicio de un control que tiene tutela constitucional, amparo legal y viabilidad institucional”, sostuvo.
Finalmente, señaló que la solución al conflicto se dará por medio de un diálogo, al que están obligados quienes ejercen funciones en el Gobierno. “No creo que la Fiscalía pueda sostener lo que dijo la directora de Comunicaciones (Élida Favole), de que no va a permitir que fulano o mengano entre a auditar porque le resta imparcialidad al control constitucional”, expresó.
Favole había hablado este jueves en representación de la Fiscalía y cuestionó que el equipo auditor que verificará al Ministerio Público esté conformado por funcionarios que se encuentran procesados.
El equipo estaría compuesto por los funcionarios Amado Zárate Pino, Édgar Ramón Cáceres Fernández, Leonardo Ayala, Santiago Insaurralde y Romy Sanabria como coordinador, supervisor, jefe de equipo y auditores respectivamente.
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Al respecto, García mencionó que sería más fácil que la fiscala general, Sandra Quiñónez, despida a la encargada de prensa y que ella misma diga conforme a su obligación constitucional.
“La Contraloría va a hacer lo que tiene que hacer, va a auditar la Fiscalía conforme a su plan general”, advirtió.
El contralor agregó que no tiene inconvenientes en conversar con Quiñónez, para resolver la situación de forma madura.
