El joven, de nombre Ernesto Ojeda, fue imputado por coacción, resistencia, privación de la libertad y coacción grave en el año 2017, cuando era coordinador ejecutivo de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), tras la toma del colegio Fernando de la Mora de la ciudad homónima.
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Diferentes organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), denuncian que el joven es juzgado por un tribunal ordinario, sin preparación y capacitación de derechos de los niños, niñas y adolescentes, atendiendo a que cuando el joven fue imputado era aún menor de edad.
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Supuestamente, Ojeda se resistió a que efectivos policiales revisaran su mochila, además de retener contra su voluntad al sereno de la escuela Fernando de la Mora, quien se habría retractado en su versión de los hechos.
La Codehupy menciona que posteriormente se confirmó que el sereno vivía en el lugar y que, al momento de la toma del colegio, tenía consigo su teléfono celular, por lo que podía haber dado aviso a la Policía Nacional de la supuesta retención en contra de su voluntad.
El fiscal Gustavo Yegros, suspendido en sus funciones y enjuiciado, fue quien imputó al menor y pidió su prisión preventiva, aunque un juez de la Niñez y la Adolescencia le otorgó la libertad ambulatoria, pero con la prohibición de salir en horas de la noche y del país.
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El agente está imputado por cohecho pasivo, asociación criminal y frustración de la persecución penal, tras ser involucrado con el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier Cucho Cabaña.
La Codehupy denuncia que el estudiante secundario es criminalizado por la Justicia paraguaya y que es parte un plan sistemático de persecución al movimiento estudiantil, que lucha por una educación de calidad.
Así también, Amnistía Internacional sostiene que el proceso no exploró posibles medidas alternativas, tomando en cuenta estándares internacionales de derechos humanos, que estipulan que los adolescente deben permanecer alejados lo más posible del sistema de justicia penal, dado su efecto nocivo en el desarrollo de la persona.
