El retorno de la comunidad se dio mediante una medida cautelar de urgencia, firmada por la jueza Alejandra Magalí Zavala, con el objetivo de que los indígenas puedan regresar a las tierras de las que fueron desalojados, en tanto se resuelva el juicio de litigio sobre 12 títulos superpuestos, entre ellos, del propio Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que inició un juicio de reivindicación.
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Apenas se tuvo la presencia de los indígenas, el conflicto se reavivó y los ocupantes del lugar, quienes tienen también sus títulos, denunciaron a organizaciones civiles por adiestrar a los miembros de la comunidad para “invadir propiedades ajenas” y hasta “comer los animales ajenos”, informó el corresponsal de la zona, Edgar Medina.
Desde las organizaciones civiles por su parte expusieron la falta de acompañamiento y de cumplimiento de la orden de la jueza por parte de la Policía Nacional, además de denunciar el ataque de algunos medios de comunicación, que acusaron de “invadir” a los indígenas, ignorando la orden judicial.
La medida cautelar impulsada por el Indi otorga de forma provisoria a los indígenas unas 540 hectáreas de la finca situada en Ytakyry, la cual ocupan desde el 2018.
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Durante el desalojo realizado en el mes de junio, en el cual quemaron las casas de los indígenas afectados y hasta sus escuelas, los integrantes de la comunidad quedaron a la vera de una ruta, a la intemperie, y posteriormente decidieron trasladarse a la capital del país, para pedir la intervención del Estado. La comunidad está compuesta por 30 familias.
Los ocupantes del lugar expresaron que se encuentran en las tierras en conflicto hace más de 30 años y que son trabajadores honestos, con títulos del Instituto de Bienestar Rural y de la Tierra (Indert) y que los títulos falsificados son los del Indi.
