Un Tribunal de Sentencia condenó este viernes a un año de prisión al político colorado Víctor Bogado y un año y seis meses a Gabriela Quintana, con suspensión de la condena, por el caso de la niñera de oro. De esta forma, no irán a la cárcel.
En tanto Miguel Pérez, ex jefe de Gabinete de Diputados, fue absuelto al no encontrarse registros que lo vinculen con el caso.
Los tres fueron absueltos por el cargo de estafa ya que el tribunal alegó que no existió un daño patrimonial.
El voto final por la condena estuvo dividido. El juez Víctor Medina consideró que el caso no reunía los recaudos necesarios para ser tipificado como un delito.
El magistrado argumentó que el dinero de Itaipú destinado al pago del salario de Quintana no formaba parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), lo que se traduce en que no cobró dos salarios del Estado.
Antes de su ponencia, Medina señaló que este juicio tuvo una connotación grande, mediática y política. Sin embargo, refirió que eso no debe hacer huella en cualquier órgano juzgador, ni debe influir en la imparcialidad.
Este caso finalmente llegó a las instancias finales de la justicia, a seis años de la apertura de la investigación.
Luego de que la defensa haya presentado sus alegatos finales, Bogado se dirigió al tribunal y negó, una vez más, haber contratado a Gabriela Quintana en la Cámara Baja.
“Nunca pedí la contratación de Gabriela en la Cámara de Diputados. Mucha gente me conoce y sabe mi estilo de tratar con la gente. Nunca maltraté a nadie, nunca llamé al ingeniero Boccia (Franklin) y nunca lo amenacé”, acentuó.
El político refirió que, en los dos años y medio de Presidencia en la Cámara Baja, firmó alrededor de 1.500 pedidos de comisionamiento y rechazó otras 2.500.
La pesquisa fiscal logró comprobar que Gabriela Quintana percibía dos salarios del Estado, uno de la Cámara de Diputados y otro de Itaipú Binacional. La investigación detallaba que la conocida como niñera de oro llegó a cobrar G. 71 millones.
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El proceso penal fue abierto el 25 de octubre del 2013, con la imputación del senador. El 4 de junio del 2014 la Fiscalía presentó la acusación; sin embargo, la causa quedó paralizada tras la devolución del dinero por parte de Quintana.
El 22 de diciembre de 2014 la investigación fue destrabada y el juez Penal de Garantías, Julián López, dispuso que la causa sea elevada a juicio oral y público porque existían los presupuestos para el efecto.
El caso se volvió a chicanear y los miembros de la Cámara de Apelaciones Mirtha González de Caballero, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios anularon el fallo que elevaba el proceso a juicio oral.
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A raíz del veredicto, se debió realizar una nueva audiencia preliminar con un nuevo juez y para el efecto fue designado Óscar Delgado López.
Este se inhibió de atender el caso por una amistad con los abogados José Ignacio González Macchi y Víctor Galeano Perrone, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal confirmó a Delgado como juez penal de Garantías para el caso de la niñera de oro.
Para seguir trabando, la defensa de Bogado presentó el 30 de setiembre del 2016 una acción de inconstitucionalidad contra la designación de Delgado. A partir de ahí la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cajoneó el expediente.
Finalmente, ante la renuncia de Óscar Delgado a la magistratura y al no haber motivos de inconstitucionalidad, la Corte remitió el expediente a la jueza Rosarito Montanía, quien resolvió enjuiciar al político colorado.
