Con el artículo 111 del proyecto legislativo, el Gobierno busca establecer penas de entre cinco y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento extranjero, realicen actividades destinadas a “alterar procesos electorales” o “manipular la opinión pública” mediante campañas coordinadas de “desinformación masiva”.
También para quienes “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.
Las penas se elevan a entre ocho y 15 años cuando, además, haya amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
Milei empujó esta ley en las últimas semanas al elevarse el tono contra el Reino Unido por los trabajos que realizan petroleras extranjeras, como la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que esperan empezar a extraer crudo en 2028 en Malvinas, y en medio de varias denuncias interpuestas en Argentina.
Esto llevó al Gobierno argentino a anunciar un endurecimiento de las sanciones para las empresas que operen en el archipiélago y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina y a unos 700 kilómetros de las Malvinas, islas administradas por el Reino Unido desde su ocupación en 1833.
Riesgos para la libertad de expresión
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró que el proyecto de ley presentado por el Gobierno traspasa las fronteras de la soberanía y la seguridad, y supone “un riesgo concreto para la libertad de expresión”.
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Por eso, pidió al Congreso revisar el artículo “para no ocasionar un retroceso en la discusión libre, penalizar el ejercicio legítimo del periodismo y limitar la crítica política y de asuntos de interés público”.
“¿Cuáles van a ser los criterios para decir qué es manipular la opinión pública y qué no?”, planteó a EFE este viernes Alejandro Suárez, monitor de libertad de expresión de FOPEA en la provincia de Buenos Aires.
En esa línea, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó en la red social X que el proyecto incorpore un tipo penal que, a su juicio, resulta “abierto e indeterminado” y que podría generar un efecto inhibitorio sobre periodistas, investigadores, organizaciones sociales, dirigentes políticos y ciudadanos.
“Cuando (Fernando) Cerimedo hacía campañas de desinformación a favor del presidente, financiadas por la derecha global, no se los vio tan preocupados o denunciando”, afirmó a EFE el diputado Maximiliano Ferraro, de la centrista Coalición Cívica.
Cerimedo, estratega digital en la campaña presidencial de Milei en 2023, detenido en Bolivia por intento de feminicio e investigado por enriquecimiento ilícito, reconoció públicamente que se dedicaba a realizar “campañas negativas” con el objetivo de dañar la imagen de candidatos y adversarios de sus clientes.
El también fundador de La Derecha Diario, un portal web argentino señalado por difundir noticias falsas, ha sido también vinculado a operaciones de desinformación en procesos electorales de la región.
“Lo que quiere es concentrar más poder y tener una herramienta penal de persecución política”, afirmó Ferraro sobre las intenciones del Gobierno de Milei.
“Es llamativo porque es la ultraderecha la que impulsa las campañas de desinformación y fake news en la región”, dice Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, para quien el proyecto de ley “es peligroso porque cualquier protesta o campaña contra el gobierno puede quedar atrapada en esa normativa, dirigida a controlar y censurar la información”.
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En los dos últimos años, organismos de derechos humanos, asociaciones periodísticas y corresponsales extranjeros han denunciado un clima de hostigamiento verbal hacia la prensa, así como restricciones al trabajo informativo y acceso a la información.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional refuerza las sanciones por la explotación no autorizada por Argentina de recursos en las Malvinas y propone crear un nuevo Sistema de Seguridad Nacional con amplias facultades, además de un registro para recabar información sobre personas y entidades sin una causa penal previa cuando consideren que están “vinculadas con el terrorismo”.
El polémico artículo del proyecto legislativo se suma a que el plan estratégico de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente del propio Milei, puso en 2025 como focos de interés a actores que pudieran “erosionar la confianza” de funcionarios, “manipular la opinión pública” o afectar la percepción social de las políticas del Gobierno.
Fuente: EFE.
