La titular del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, habló de los factores que inciden en la corrupción del sistema penitenciario, sobre todo en Pedro Juan Caballero, donde esta semana se descubrió una celda vip en la que estaba recluido el presunto narcotraficante Faustino Ramón Aguayo.
En este contexto, Pérez reveló que en la capital departamental de Amambay existe dentro del sistema de la penitenciaría “un componente político” con el que también se debe lidiar.
“El concejal departamental de la Gobernación de Amambay (Luis Guillén) era el abogado de Minotauro (Sergio de Arruda Quintiliano Neto) y después es el mismo que pide el comisionamiento de los funcionarios, procesados pero en libertad, porque cuando salieron en libertad todavía no terminaba la investigación para que trabajen como funcionarios, porque nosotros nos vimos obligados a reincorporarlos”, señaló la ministra durante el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.
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El documento menciona que los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero participaron de la sesión en la Junta Departamental, para presentar una solicitud de comisionamiento a dicha institución y debido a la falta de recursos para la contratación de más personal aprobaron la solicitud.
“Mi preocupación, que le manifesté en su momento a la Fiscalía, era que si bien es el abogado de los Minotauro, nosotros tenemos información de que habló con el líder del PCC, después de abortarse la salida y antes de la fuga”, sostuvo.
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La ministra señaló que rechazó el pedido de comisionamientos y que los funcionarios se encuentran trabajando en otras dependencias, a la espera del juicio oral. Guillén es concejal departamental de Amambay por la ANR. Minotauro fue capturado por fuerzas de seguridad en 2019.
Crimen organizado en las penitenciarías
Pérez enfatizó que el objetivo de las instituciones del Estado debe ser luchar contra el crimen organizado en conjunto, lo que implica una verdadera coordinación con la Fiscalía y la Policía Nacional. Recalcó que mediante el trabajo coordinado ya se pudieron abortar varias fugas, allanamientos y detenciones.
Sin embargo, lamentó que existan causas en donde varios guardiacárceles sospechados de ser cómplices de los reos aún no fueron imputados. En ese sentido mencionó que en su administración ya se dieron varias desvinculaciones por cuestiones de corrupción, pero que desde el Ministerio Público se generan demoras en los procesos judiciales.
Insistió en la necesidad de manejo institucional de la información y enfrentar conjuntamente con otras instituciones el crimen organizado.
También apuntó a que se debe seguir trabajando tanto en el sistema existente como en la reforma penitenciaria. “No hay que perder de vista lo que hay que hacer de fondo, hay que continuar, hay que invertir más. Además de los nuevos centros que terminan a fin de año y que tenemos que dotar de tecnología y equipamiento, nosotros apostamos a la profesionalización del personal, porque los funcionarios sin formación no podés pretender que tengan lealtad institucional, necesitamos mejorar las condiciones de trabajo”, explicó.
Afirmó que se encuentra terminando una estructura del mapa de riesgo de la corrupción dentro del sistema penitenciario. Advirtió que los problemas estructurales del sistema penitenciario, como el hacinamiento y la cantidad de presos sin condena, facilitan esquemas de corrupción.
