22 mar. 2026

Conatel cancela licencia de radio

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) declaró extinta la radioemisora 90.3 de Salto del Guairá. Uno de los antiguos propietarios intentó su rehabilitación, pero le fue denegada.

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En 6 meses Conatel desmantela 13 radios ilegales. Foto: Gentileza.

Elías Cabral | Canindeyú

La extinción de la radio fue declarada por Resolución N° 886/2017, firmada por la presidenta de Conatel, Mirian Teresita Palacios. Dicha emisora lleva por nombre “Salto del Guairá FM” y pertenecía a una sociedad anónima integrada por Balbino Gauto Casco, Antoliano Ortiz Cabrera y una tercera persona.

Según la resolución mencionada, la cancelación de la licencia se oficializó tras el intento de los propietarios de rehabilitar dicha estación de radio, quienes presentaron la solicitud de renovación fuera del plazo establecido.

Explica que la 90.3 fue habilitada en el año 1999 y que su licencia está vencida desde el 19 de octubre de 2009 (hace ocho años), teniendo en cuenta que no han presentado el pedido de renovación como corresponde.

Conatel también rechazó, mediante Resolución de Directorio Nº 1082/2017, un pedido de reconsideración interpuesto por Balbino Gauto Casco contra la resolución de cancelación, dejando cerrada toda posibilidad de que la emisora vuelva a operar legalmente.

Recurrieron a un juez

A pesar de la cancelación por parte del organismo rector de la radiodifusión en el Paraguay, la 90.3 FM volvió al aire un tiempo atrás, supuestamente respaldado por una medida cautelar otorgada por un juez.

Los datos dan cuenta de que Balbino Gauto, ante la negativa de Conatel, reabrió la radio con base en una “medida cautelar” que habría conseguido en marzo de este año mediante un juicio ante un juez de Minga Porá.

El supuesto juicio fue contra una persona que, según el legajo, venía explotando dicha frecuencia de forma ilegal y pidió al magistrado que dicte una medida cautelar contra el demandado para que en adelante Gauto pueda seguir explotando dicha frecuencia.

La demanda fue presentada ante el juez Emilio Gómez Barrios, con la supuesta intención de cobrar G. 250.000.000 por “daños y perjuicios” a Enrique Ramón Rivas Maciel, representante de la Asociación Comunitaria San Roque González. En el juicio no aparece ninguna notificación a dicha persona, según fuentes.

La Conatel, no obstante, al tener conocimiento de que la frecuencia cancelada salió de nuevo al aire recurrió al fiscal penal Carlos Almada, de Salto del Guairá, solicitando que la misma sea allanada y desmantelada por ser una emisora pirata. Ante dicha situación, la emisora volvió a salir del aire.

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