Esta mañana, asumieron como nuevos defensores Luis Almada y Ricardo Estigarribia, en representación del parlamentario colorado Erico Galeano, acusado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal por supuestos vínculos con Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset.
Los mismos solicitaron a los jueces Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Alberto Dávalos, la intervención correspondiente, las copias del expediente, a más de un plazo de 10 días para preparar adecuadamente la defensa.
Los magistrados, tras dar la intervención a los profesionales, dispusieron que el juicio oral se iniciará el próximo 25 de agosto, para que los profesionales puedan interiorizarse del expediente, y preparen la defensa del legislador colorado.
Los abogados repusieron la decisión, ya que querían que el juicio se iniciara el 1 de setiembre próximo, pero los magistrados se ratificaron en su decisión de iniciar la próxima semana el juzgamiento público.
Sin embargo, dieron trámite a la apelación subsidiaria respecto a la decisión, con lo que el expediente pasó al Tribunal de Apelación Penal Especializado que deberá estudiar la decisión de los jueces.
En el caso, anteriormente estaban como defensores Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres, los que ahora fueron reemplazados por Luis Almada y Ricardo Estigarribia, que ahora asumieron como nuevos defensores.
Incluso, para esta audiencia, estuvo presente el defensor Público Eduardo Velázquez, ante la posibilidad de que el legislador se presentara sin representantes.
Es la segunda vez que se pospone el juicio oral ya que anteriormente la defensa había recusado a los fiscales del caso, con lo que ante la falta de agentes del Ministerio Público, el juicio oral tuvo que suspenderse.
La acusación fiscal
En el caso, los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta habían acusado al congresista por lavado de activos y asociación criminal, por haber estado supuestamente al servicio de la organización criminal liderada por los presuntos narcotraficantes Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset, procesados en el caso A Ultranza Py.
Además, se lo vincula a través de la venta de un inmueble en un lujoso complejo, el Aqua Village.
Según la Fiscalía, el 8 de febrero de 2013, el legislador compró la vivienda por USD 210.599, pero terminó vendiéndolo en plena pandemia, por USD 1.000.000, a alguien que no tenía capacidad económica para adquirirlo, según los agentes. Se trata de Hugo Manuel González, presunto testaferro de Miguel Ángel Insfrán.
Además, se le sindica haber prestado la avioneta de su empresa a miembros de este esquema y se cree que recibió dinero proveniente del narcotráfico y lo ingresó en las finanzas del Club Deportivo Capiatá.
