Esta situación desencadenó críticas a nivel nacional, ya que el gobierno no logra mostrar una estrategia convincente ni información que proporcione confianza a la ciudadanía. Si bien el Gobierno paraguayo señala que está buscando elevar la tarifa de Itaipú incluso hasta los USD 22,6 kW/mes, la realidad es que con esta medida se consolida la estrategia brasilera de lograr una tarifa baja.
Mientras, las autoridades nacionales no logran dar explicaciones ni mucho menos respuestas contundentes sobre el posicionamiento de nuestro país en defensa de una gobernanza democrática en la que se respete la soberanía y el derecho de ambas partes.
En respuesta a las preguntas sobre las acciones que tomaría el Gobierno paraguayo respecto de la judicialización, las autoridades se limitaron a señalar que es un asunto interno del vecino país, lo cual implícitamente significa que no se tendría ninguna reacción.
Para algunos expertos en energía, esta demanda tiene implicancias negativas para Paraguay, ya que debilita la institucionalidad binacional y con ello el papel de Paraguay como autoridad dentro de la misma.
La falta de acuerdo está haciendo que Brasil utilice las normas internas para que siga funcionando la entidad binacional. Esto implica que finalmente el funcionamiento de Itaipú esté mediado por una decisión judicial del vecino país.
Sobre el vencimiento del plazo el 31 de marzo, las reflexiones gubernamentales fueron ambiguas señalando que están analizando el caso, cuando lo que correspondería es que este escenario se haya considerado anticipadamente de manera a tener una intervención oportuna, sobre todo teniendo en cuenta que era previsible la situación actual.
Finalmente, con respecto a la tarifa, la salida argumentativa para desviar el tema es la prioridad que da el gobierno a la renegociación del Anexo C. Las autoridades no ofrecen ningún análisis, documento, argumento serio, ni siquiera una propuesta de calendario de discusión como iniciativa del equipo negociador nacional.
La semana cierra, de esta manera, con altos niveles de incertidumbre con respecto a todos los temas relacionados con la administración de la empresa binacional Itaipú y la posición del Gobierno paraguayo. El resultado, altamente previsible, de la inacción gubernamental será la primacía de los intereses del vecino país, cuyo estrategia ya está generando los resultados previstos, mientras que en el caso de las demandas paraguayas no están siendo consideradas y tampoco se tiene un calendario de manera que la ciudadanía esté alerta al devenir de las negociaciones.
