La muerte de dos personas, un líder y un docente, del pueblo Ava Guarani, expuso la extrema vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante el propio Estado paraguayo. El viernes 14 de agosto, un operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), parte de la denominada Operación Redención, se ejecutó en la comunidad Tekoha Y’apo, distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú. Descendió un helicóptero en pleno núcleo habitacional, interrumpiendo el festejo del Día del Niño y asustando a los presentes, como puede observarse en videos difundidos a través de redes sociales.
La incursión se desplegó con el objetivo declarado de desarticular la organización criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Durante el operativo, en las cercanías de la comunidad fueron abatidos por disparos un líder de la comunidad, Antonio Carrillo, y el docente de la escuela indígena, Catalino Correa.
La versión oficial de la Senad, replicada por el Ministerio del Interior, calificó el procedimiento como un enfrentamiento, asegurando que los abatidos eran eslabones de la estructura criminal. Por el contrario, a través de un comunicado y filmaciones, los integrantes de la comunidad indígena denunciaron torturas y ejecuciones extrajudiciales del líder y del docente. Aseguraron que las víctimas se encontraban totalmente desarmadas y que el docente participaba poco antes del festejo infantil. Además, afirmaron que, en ningún momento, las fuerzas intervinientes exhibieron una orden judicial de allanamiento.
Llama poderosamente la atención que, apenas unos días antes, este mismo líder indígena –junto a otros referentes de la comunidad– presentó ante el Ministerio del Interior una denuncia formal bajo patrocinio de abogado sobre campañas malintencionadas difundidas a través de un medio de comunicación, que los acusaban sin prueba alguna, de colaborar con organizaciones criminales. Además, en la nota expresaban que se ponían “a disposición del Ministerio Público a los efectos de realizar las investigaciones pertinentes”. En 2014, esta comunidad ya había sufrido atropellos y violencia por parte de grupos parapoliciales, en el marco de intentos de despojos de sus tierras ancestrales por parte de personas ligadas al agronegocio.
Numerosos comunicados de organizaciones indígenas y de la sociedad civil, así como periodistas independientes y abogados especialistas en la materia, ponen en duda y repudian la narrativa oficial. La propia Iglesia Católica, a través del Cardenal Adalberto Martínez, arzobispo Metropolitano de Asunción, instó al Ministerio Público y a las autoridades competentes a una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias de las muertes y deslindar responsabilidades. Subraya la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. “La aplicación de la ley debe (…) asegurar que ningún hecho quede en la impunidad”, expresa su comunicado.
La Constitución Nacional, la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por el Estado paraguayo obligan a respetar los derechos de los pueblos indígenas, así como al uso proporcionado de la fuerza en los operativos de las fuerzas de seguridad.
En resumen, urge una investigación independiente y el Estado paraguayo tiene la obligación de esclarecer si las fuerzas intervinientes actuaron bajo principios del Estado de derecho o si incurrieron, ¡una vez más!, en una flagrante violación de derechos humanos.
“En el 2014, esta comunidad (Ava Guarani) ya había sufrido atropellos y violencia por parte de grupos parapoliciales”.
