26 may. 2024

¿Cómo son las escuchas telefónicas en Paraguay?

El juez Gustavo Amarilla, de Crimen Organizado, arrojó un poco de luz en cuanto al sistema de escucha que se realiza en Paraguay. Explicó en qué casos puede utilizarse, mediante qué instituciones y a pedido de quién.

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El juez Gustavo Amarilla aclaró sobre cómo se realizan los procedimientos de escuchas telefónicas en Paraguay.

Foto: Gentileza.

El juez Gustavo Amarilla explicó este viernes a Monumental 1080 AM cómo se realizan las escuchas telefónicas legales en el país, luego de que saltara la filtración de audios relacionados al ex diputado Juan Carlos Ozorio, además de la denuncia de la diputada Celeste Amarilla, quien dijo haber sido amenazada con audios que fueron proveídos por un agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El magistrado detalló que las escuchas se realizan para casos de secuestro, trata de persona, terrorismo de Estado, Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) o relacionado al crimen organizado.

Asimismo, indicó que la Constitución Nacional consagra el derecho a la intimidad, por lo que solo se puede proceder a la escucha mediante una orden judicial, bajo una sospecha y argumentos sostenibles sobre la razón del porqué se va a violar la intimidad de la persona.

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¿Quién lo puede solicitar?

Amarilla detalló que solo los fiscales pueden solicitar la intervención de teléfonos celulares para la escucha y que la persona a la que pertenece la línea debe estar identificada, como también los motivos por los que se realizará el procedimiento.

“Muchas veces rechazamos (el pedido) porque nos dábamos cuenta de que no se trataba de un caso que amerite una escucha”, agregó.

Sobre el procedimiento en sí, mencionó que se otorga un plazo de 20 o 30 días para la escucha y que, según la información que vaya saliendo, el plazo puede extenderse o solicitarse la finalización del procedimiento cuando no se otorgan mayores datos.

No obstante, aseveró que el fiscal debe individualizar al funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas, Inteligencia o Ministerio del Interior que se va a encargar de la intervención de las comunicaciones, como una garantía de saber con nombre y apellido quiénes son los encargados y con un máximo de dos personas por cada línea.

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También especificó que los registros de escucha tienen que ser exclusivamente relacionados al hecho delictivo que se está investigando, y no puede registrarse información laborar o personal en el informe que es remitido al fiscal.

El juez comentó que no sabe la cantidad de personas encargadas de realizar las escuchas, pero que se trata de un grupo reducido que por lo general son formados en el exterior y hasta pasaron por el polígrafo, ya que se trata de un tema muy delicado.

Aparatos de escucha y telefonías

El juez explicó que los únicos dos aparatos que se tienen en Paraguay no tienen la posibilidad de intervenir las líneas sin que la empresa telefónica levante el bloqueo que se tiene.

Amarilla reconoció no ser un experto en temas informáticos y trató de explicar que, una vez levantado el bloqueo, recién se puede ingresar una onda para que el teléfono pueda ser intervenido por la máquina receptora con la que cuentan las autoridades.

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“Si no recibe esa orden, los teléfonos siguen bloqueados y no existe forma de que esas máquinas puedan ingresar”, afirmó, haciendo referencia a que los equipos con los que se cuentan, que serían dos, se encuentran desactualizados y desfasados.

Entre otras cosas, expuso que siempre se habló de servicios de autos o camionetas que hacían pinchazo y se colocaban en la zona o en la casa que querían grabar y lo lograban, pero que nunca tuvo ese tipo de denuncias.

Audios obtenidos de manera ilegal

La ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, aclaró a Monumental 1080 AM que los recientes audios que saltaron con relación al ex diputado Juan Carlos Ozorio no guardan relación al operativo A Ultranza, que las tareas de escucha relacionadas a este procedimiento se iniciaron en el 2019, pero, aclaró que el ex diputado fue vinculado recientemente, no antes, después de un allanamiento en donde se incautaron documentos que lo relacionan.

“El caso de los audios (sobre Ozorio) es totalmente independiente a A Ultranza. No sé si otro organismo de seguridad, como la Policía o Antinarcóticos (tenía conocimiento). Nosotros no tuvimos conocimiento de esos audios”, dijo.

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También aseguró que no se hacen escuchas ilegales, haciendo referencia a las denuncia de la diputada Celeste Amarilla sobre el funcionario de la Senad, Cristian Amarilla, a quien la parlamentaria acusó de extorsionar con audios, productos de escuchas ilegales.

“Fue una denuncia muy grave que a nosotros nos sorprendió. Por ello, activamos el protocolo de investigación interna. Sé que ellos están interviniendo y ya tomaron la declaración del agente. Ella habla del 2015 y 2017, veremos donde él (Amarilla) estuvo en ese tiempo y si podía acceder a este tipo de aparatos o no”, expresó la titular de la Senad.

No obstante, habló de que también les preocupa que existan grabaciones obtenidas de manera ilegal y que son técnicas utilizadas en todo el mundo y que hoy en día, con todos los equipos tecnológicos que existen, uno mismo puede grabar conversaciones con aplicaciones.

La ministra indicó que, tristemente, no cuentan con equipos propios y que deben utilizar los del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, como también de las cooperaciones internacionales para realizar la escucha telefónica necesaria para las investigaciones de organizaciones criminales.

Finalmente, lamentó “el manoseo” a la Senad, debido a la denuncia de la diputada Celeste, y consideró importante que se aclare la situación, ya que actualmente, dijo, esta secretaría se encuentra en la mira “de todo el mundo” por el operativo A Ultranza, el cual sabían que iba a generar todo tipo de reacciones, incluso aquellas que buscan desmeritar los trabajos de lucha contra el narcotráfico.

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