Precisamente porque el crimen organizado y el narcotráfico han encontrado en nuestro país un territorio fértil para su expansión, Paraguay debe hacer uso de todos los recursos disponibles para combatir ambos flagelos que están amenazando nuestro sistema democrático. El Gobierno no puede seguir manejando sus relaciones internaciones de manera tan irreflexiva y temeraria. La interrupción de la cooperación internacional en materia del combate al narcotráfico es muy grave, pero al mismo tiempo muy significativa.
Lamentablemente, se debe subrayar en primer lugar que este no es el primer conflicto en el que se ve envuelto el Gobierno. Un episodio similar se dio al inicio del periodo presidencial de Santiago Peña, con el convenio de la Unión Europea relacionado con la transformación educativa. Lo peor es que estas situaciones desnudan una contradicción en el manejo de las relaciones internacionales.
Por un lado, optamos por un seudoaislamiento, invocando argumentos patrioteros cuando rechazamos la cooperación internacional, pero por el otro lado el presidente de la República pasa mucho tiempo viajando al exterior, según el discurso oficial, promocionando al Paraguay y destacando su estabilidad macroeconómica y grado de inversión. Lo que no se puede perder de vista es que se corre el peligro de debilitar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico suspendiendo la cooperación con la DEA lo cual, sin duda, va a tener un impacto directo en la democracia y el Estado de derecho pues socava sus cimientos.
Es un hecho que nuestro país está muy mal conceptuado a nivel internacional pues se ha llegado niveles críticos en cuanto a la filtración del crimen organizado en las instituciones. Como muestra valen el operativo A Ultranza Paraguay; operación que expuso la permeabilidad del narcotráfico en las esferas del Estado. Ahí aparecieron traficantes y lavadores de dinero relacionados con empresas de fachada que comprometían a políticos, funcionarios, proveedores del Estado, parlamentarios y hasta un pastor evangélico que blanqueaba capitales.
Otro ejemplo digno de señalar sucedió hace un año. Se trata de la revelación de los denominados #NarcoFiles según los cuales, la ruta de la cocaína que va a Europa incluye al Paraguay como territorio próspero por la falta de controles. Se apuntaba que la droga viene de Bolivia, Perú y Colombia, baja desde avionetas clandestinas al Chaco paraguayo, donde no hay radares y los controles militares son escasos, para un territorio tan extenso.
En resumen, según los #NarcoFiles Paraguay es un centro de acopio de la cocaína, que luego es transportada por vía terrestre hasta los puertos y de ahí a Europa.
A principios del mes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había emitido un informe sobre el clima de inversión en nuestro país. En el mismo, de manera contundente afirmaba que la impunidad y la corrupción desenfrenadas son un obstáculo para la economía de Paraguay. Resaltaba el reporte que la inseguridad judicial obstaculiza el clima de inversión y que la infracción de marcas y la falsificación son moneda corriente, mientras que la corrupción rampante y la impunidad de los funcionarios públicos socavan la confianza en el Estado de derecho.
Para el Departamento de Estado de USA, la inseguridad judicial y la corrupción, en suma, perjudican el clima de inversión en Paraguay. El Gobierno debe tener un mejor manejo de sus relaciones internacionales. La suspensión de la cooperación con la DEA es un verdadero riesgo que supone una puerta abierta a la irrupción del crimen organizado en las instituciones; por eso, es un peligro para nuestra democracia y Estado de derecho porque un Estado débil favorece al crimen organizado y al narcotráfico.
