El proyecto de ley que pretende destinar los fondos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá a Salud Pública, mientras dure la emergencia sanitaria por el Covid-19, debe ser tratado este miércoles en la Cámara de Diputados. Todos los ojos están puestos en la postura que tomarán los representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
Varios cuestionamientos surgieron luego de que una mayoría colorada rechazara un primer proyecto en la Cámara Baja. Posteriormente, en el Senado se trató otro documento similar y tuvo el visto bueno, principalmente de la oposición que logró tener un mayor número. Por esa razón, ese texto ahora debe ser analizado por los diputados.
Sin embargo, el panorama sigue siendo una incertidumbre porque hasta el momento no se sabe si los diputados colorados tomarán otra decisión al respecto. Tanto los legisladores de Colorado Añetete como los de Honor Colorado se mantienen en silencio y los parlamentarios no se animan a anticipar una postura sobre el punto.
El diputado cartista Basilio Bachi Núñez y la diputada oficialista Jazmín Narváez solo se limitaron a informar a Última Hora que en el transcurso de este martes tendrán una reunión en sus respectivas bancadas para definir una posición.
Desde Honor Colorado se estaría diseñando la estrategia para dar aprobación al proyecto, pero con modificaciones, para que no sean controlados los recursos en su totalidad. En la Cámara de Diputados existe desconfianza hacia la decisión que pueden tomar las bancadas coloradas.
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El proyecto busca redireccionar los recursos de los programas de responsabilidad social y ambiental de las binacionales Itaipú y Yacyretá. Esto rondaría los USD 150 millones para la compra de insumos médicos y materiales de bioseguridad para el personal de blanco e infraestructura hospitalaria y así hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Igualmente, se incluyó que parte de la plata pueda ser utilizada para la protección social, específicamente en programas como Pytyvõ y el pago a trabajadores suspendidos.
Los colorados son los que más resistencia muestran a la utilización de los gastos socioambientales de manera controlada. Impidieron que se integre al Presupuesto General de la Nación y encontraron el juego para evitar destinarlos a la salud pública por ley.
