En total fueron 13 los concejales que alzaron la mano para votar a favor de aprobar la rendición financiera del año pasado, que contempla la ejecución presupuestaria durante los primeros cuatro meses del 2025, el periodo de la intervención a cargo de Carlos Pereira y también los últimos cuatro meses bajo la gestión de Luis Bello.
El balance y los documentos de la rendición financiera fueron cuestionados por la bancada opositora de la Junta atendiendo a una serie de irregularidades, entre las que destaca el desvío de G. 512.000 millones durante la administración de Oscar Nenecho Rodríguez. Las cuentas bancarias dentro del balance exponen el agujero financiero que dejó el anterior intendente a través del uso de la irregular de la Cuenta Única, cuyo uso fue calificado por la intervención como “ilegal”.
El edil Miguel Sosa, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, expuso al pleno una serie de respuestas ofrecidas por la Intendencia a las consultas realizadas por los concejales luego de que la Junta rechazara el balance en la sesión del 10 de mayo.
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Contó que el primer punto se refiere a la baja ejecución de obras durante el 2025. Sosa apuntó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas “anualmente emite una resolución que establece un plazo máximo para la comunicación del llamado (y) adjudicación de contratos vinculados al presupuesto general”.
La Intendencia justificó que la baja ejecución presupuestaria se debió en parte a dicha normativa, además de que la Comuna atravesó por un periodo de intervención, entre junio y agosto del 2025, situación que habría modificado los procesos de gestión.
Sosa mencionó, por otro lado, el cuestionamiento sobre la falta de la firma del auditor en el balance del año pasado. Respondió que la Ley Orgánica Municipal “habla de que el único responsable en este caso es el contador y el intendente”, por lo que el balance solo debe ser refrendado por ambos, según la respuesta del concejal.
Otra irregularidad apuntada por Sosa fue la del caso de sobrefacturación de repuestos, denunciado por el concejal Álvaro Grau. Dicho contrato –recordó Sosa– quedó sin efecto tras la revelación expuesta por el edil de Patria Querida, quien informó que el taller de Crispin Rufinelli proveyó a la Comuna de repuestos sobrefacturados hasta un 2.300%.
Grau también había denunciado que la Comuna, durante el periodo administrado por Nenecho, maquilló los balances haciendo figurar que las plazas debían impuestos. La Intendencia, según Sosa, aseguró sobre esta denuncia que “el sistema informático Satí presenta limitaciones, como ser la incompatibilidad con otros sistemas de funcionamiento parcial de módulo, que no se encuentra operativo, entre otros”.
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En otro punto señalado por el concejal oficialista, se recordó que hubo un 1% de ejecución del presupuesto durante el ejercicio pasado, al menos en lo que respecta al desarrollo urbano. Según Sosa, “en este caso se remite al descargo del punto 1", referido al plazo que fija la DNCP, y que se extiende hasta octubre, de acuerdo con lo expuesto por el edil.
Finalmente, Sosa volvió a contradecir la alerta señalada anteriormente por el edil Humberto Blasco (PLRA), quien aseguró, en la sesión del 6 de mayo, que hubo G. 103.544 millones de pérdidas, como se refleja en el Estado de Resultados del 2025. Sosa parafraseó la respuesta ofrecida por la Intendencia, que señaló que hubo un “error de interpretación, teniendo en cuenta que la pérdida constituye un resultado positivo del ejercicio”.
Blasco replicó, por su parte, que la pérdida de un ejercicio en realidad se define entre la diferencia entre tus ingresos reales y tus obligaciones vencidas.
“Si vos no pagás a los vialeros, a las farmacéuticas, al IPS, todas tus cuentas, desde luego que está equilibrado tu cuenta. ¿Y acá qué ocurre? Que no se pagaron las cuentas, entonces la plata que sobra en el banco, ‘ganancia’. Maquillaje se llama eso”, refirió.
El edil Álvaro Grau, por su parte, aseguró que sobre todo durante la gestión de Nenecho hubo “innumerables casos de procesos de adquisiciones viciados con adjudicaciones directas”, además de “ocultamiento de datos, denuncias penales que hizo el interventor municipal” y también “irregularidades en las cuales a los funcionarios municipales se les retenía lo que se tenía que transferir a la caja municipal o al IPS y se manejaba eso dentro de la cuenta única, un manejo totalmente al margen de la ley”.
Sindicalistas acompañaron aprobación alegando necesidad de créditos y camiones recolectores
El tratamiento del dictamen del balance estuvo condicionado no solo por la mayoría oficialista, sino también por la presencia de una gran cantidad de funcionarios municipales sindicalizados que fueron hasta la sala de sesiones para presionar la aprobación.
En medio del debate sobre el dictamen de la Comisión de Hacienda, el concejal Juan Carlos Ozorio, conocido por pedir el cierre de debates, hizo lo propio y contó con el apoyo de la mayoría oficialista. La edil Jazmín Galeano pidió, sin embargo, que se continuara el debate, lo que produjo que recibiera gritos y abucheos por parte de los funcionarios. Del mismo modo, los sindicalistas interrumpieron en reiteradas ocasiones las expresiones de los ediles Pablo Callizo y Fiorella Forestieri.
Antes de la aprobación del balance, Alberto Gaona, representante de Sitrama, aseguró a Última Hora que “la primera carta de presentación” a la hora de solicitar un crédito, como el famoso déficit temporal de caja, “es un balance aprobado, cosa que no tenemos hasta hoy”.
Respondió que un balance aprobado “incide en todo lo inherente a las compras, no va a ser simpático que lleguemos a septiembre sin poder pagar salario siquiera”.
Aseguró que los ediles opositores, al oponerse a la aprobación del balance de Nenecho y Luis Bello, “están poniendo palos a la rueda de manera populista, de manera política, y no están haciendo un miramiento institucional”.
Édgar Fernández, de Sinoema, respondió, por su parte, que “la aprobación del balance es un requisito para la entrega de los camiones recolectores”. Contó que los funcionarios pidieron que se provea de nuevos camiones y que desde la Dirección de Adquisiciones les indicaron que “no se pueden entregar (los camiones) porque es un requisito tener balance aprobado, que es lo que pide el banco”.
Los concejales que votaron por la aprobación del balance, fueron: Arturo Almirón (ANR-disidente), Juan Carlos Ozorio (ANR-HC), César Escobar (ANR-HC), Marcelo Centurión (ANR-HC), Nasser Esgaib (ANR-HC), Juan José Arnold (ANR-disidente), Miguel Sosa (ANR-HC), Gabriel Calonga (ANR-HC), Karina Acuña (ANR-HC), Carlos González (ANR-disidente), Daniel Ortíz (ANR-disidente), Jesús Lara (ANR-disidente), Mariano Cáceres (ANR-HC).
Votaron por el rechazo del balance: Rosanna Rolón (ANR-independiente), Augusto Wagner (PLRA), Ramón Ortíz (PLRA), Félix Ayala (PLRA), Humberto Blasco (PLRA), Fiorella Forestieri (PLRA), Pablo Callizo (PPQ), Paulina Serrano (PPQ), Álvaro Grau (PPQ), Jazmín Galeano (PPQ).
