El abogado Álvaro Arias, representante legal de un colegio privado de Lambaré que está en el ojo de la tormenta ante presuntos casos de abuso sexual que involucran a niños, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la cual negó que el rechazo a la matriculación de un grupo de alumnos forme parte de una persecución o represalia a los padres que se manifestaron.
Sin embargo, el profesional del derecho señaló que cinco alumnos no podrán renovar su matriculación debido a que sus padres “tuvieron conductas hostiles y vandálicas”. Citó que algunos incluso “agredieron” físicamente a las autoridades y hasta los “escupieron”.
“Solamente cinco de esas personas no van a poder ser matriculadas el próximo año, debido a que hubo actos hostiles en contra de las autoridades del colegio. De ninguna manera el colegio no va a matricular por manifestarse”, enfatizó.
Asimismo, reiteró que las desmatriculaciones para el 2023 en su mayoría se deben a que los padres están retrasados con el pago de varias cuotas. “El 85% de esas cartas que se enviaron fueron por morosidad. Entonces, si es que se ponen al día, sus hijos pueden estar sin problema el próximo año en el colegio”, expresó sobre el punto.
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Esta última argumentación ya había brindado la institución educativa días pasados, tras la notificación a los padres, y en esta jornada lo volvieron a expresar en la conferencia de prensa, así como a través de un comunicado.
“Nuestra institución reivindica el derecho a la libre manifestación y expresión y en ningún caso persigue ni censura a nadie, ni en Paraguay ni en ningún otro país. Rechazamos las falsas declaraciones que se han emitido irresponsable e inescrupulosamente durante estos días, porque todas ellas faltan a la verdad”, alega el escrito del colegio.
Por su parte, un grupo de padres de la escuela emitió también un comunicado para la ciudadanía, en el cual rechazaron que se trate de una persecución e indicaron que “revisaron las actuaciones del colegio” y que se percataron de que se deben a “actos de violencia”.
En el escrito, los familiares de la comunidad educativa de Lambaré exigieron al Ministerio de Educación realizar “una labor de protección de los intereses de los menores” y pidieron evitar mediatizar más el caso.
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Por otra parte, el profesional alegó en la conferencia de prensa que, para brindar protección y seguridad a los estudiantes, se planteó un recurso ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Lambaré, pero que la Cámara de Apelaciones rechazó el pedido que realizaron para conocer la identidad de los menores que supuestamente cometieron el abuso.
En mayo pasado, un grupo de padres de familia se manifestó frente al Juzgado de San Lorenzo, a la espera de la imposición de medidas para la directora, coordinadora y docente del colegio privado de Lambaré, tras el abuso sexual a un niño de seis años que se habría registrado el 26 de abril de este año.
