La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) pidió la creación de una Comisión que Investigación la muerte de dos niñas de 11 años presentadas como abatidas por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en un enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)
También se solicitó la derogación de la ley que crea la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) debido a que entra en conflicto con la Constitución Nacional.
La organización señaló que “el caso de las niñas, que conmociona a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional, dista de ser aislado. Desde su conformación han sido denunciados numerosos hechos que ameritaron la más exhaustiva de las investigaciones del actuar no sólo de dicha articulación de las fuerzas públicas, sino también de agentes del Ministerio Público”.
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1El escrito argumentó que las llamativas irregularidades como el mal manejo de la situación, el apresuramiento violatorio de disposiciones legales para el entierro de las niñas, así como la eliminación de sus prendas, violan las previsiones mínimas del Protocolo de Minnesota, así como el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, las cuales llaman a la protección prioritaria de los niños y niñas en confrontaciones armadas.
“De ser cierto las declaraciones oficiales respecto a un eventual reclutamiento, el Estado estaba llamado a desmovilizarlas o separarlas, protegerlas y cuidarlas, prestando toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica, así como su reintegración social”, exigió la Codehupy.
En ese sentido, alega de numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de la FTC, por lo que considera necesaria la derogación de la ley 5036/13 que modifica la ley De Defensa Nacional y Seguridad Interna, como del decreto 103/2013 del Poder Ejecutivo que sirven de marco legal.
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Agregaron que la ley y decreto presidencial son incompatibles con la Constitución del Paraguay en numerosos artículos, entre ellos, el 172 (De la composición de las Fuerzas Públicas); 175 (De la Policía Nacional); 3 (Del Poder Público); entre otros.
“Desde luego que el Estado debe tener una política de seguridad para combatir estos grupos ilegales que generan mucha violencia y hechos punibles que son conocidos por la sociedad. Lo que nosotros decimos es que esa respuesta del Estado en términos de seguridad, hoy esta dada de manera ineficiente, inconstitucional y a su vez está arrojando más violencia en términos de violación de derechos”, afirmó el secretario Ejecutivo de la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla.
El representante de la organización, Óscar Ayala, insistó en que cualquier fuerza de seguridad destinada a combatir estos grupos ilegales, debe estar amparada en el marco de la Constitución Nacional, de los tratados y protocolos internacionales.
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“En términos de derechos humanos la verdadera justicia es que hechos de este tipo no se repitan, y en ese sentido tal vez una de las primeras tareas es abordar la derogación de la ley que modificó la Ley de Defensa Nacional y que ha permitido la participación de militares en tareas de seguridad interna”, concluyó.
Diferentes organizaciones locales e internacionales repudiaron las muertes de las niñas que se encontraba en el campamento del grupo criminal.
