Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), organización de la sociedad civil con 25 años de trabajo en el Paraguay por los derechos humanos, expresaron su profunda preocupación y su repudio a las expresiones contenidas en el comunicado del Indert de fecha 9 de mayo de 2025.
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En el comunicado, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) insta a los campesinos de sus colonias a no participar de hechos de violencia en manifestaciones y cierres de rutas, que pueda provocar su imputación, situación que posteriormente les impida acceder a sus títulos de propiedad.
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— INDERT Paraguay (@IndertPy) May 9, 2025
“Estas expresiones atentan contra los legítimos derechos a la libertad de expresión y manifestación, a peticionar a las autoridades y a la protesta social. Los términos utilizados resultan amenazantes para todas las organizaciones campesinas y para todas las personas que las integran”, señalaron.
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Asimismo, indicaron que ejercer los derechos a la libertad de expresión, manifestación, protesta y petición a las autoridades, no puede ser nunca considerado un hecho punible.
Sin embargo, en el comunicado si podría configurar los hechos punibles de amenaza y coacción, puesto que busca constreñir el ejercicio de derechos con amenazas de sanciones legales y registro de antecedentes judiciales.
“La amenaza, además, afecta el derecho a la tierra que poseen las organizaciones campesinas y sus integrantes”, reza otra parte del comunicado.
Además, remarcan que en ninguna ley y/o norma de la República del Paraguay, se establece que los campesinos que tienen antecedentes judiciales, pierden sus derechos de acceso a la tierra, y si se dictó algún reglamento o resolución al respecto, es inconstitucional y atenta contra la disposición del artículo 20 de la Constitución Nacional.
Derecho a la tierra y reforma agraria integral
“Los procesos de acceso a la tierra en Paraguay están marcados por la desidia y corrupción estatal. Las organizaciones campesinas e indígenas, a través de su lucha histórica por el derecho a la tierra, han logrado recuperar tierras malhabidas y latifundios improductivos, ante la inacción del Estado para recuperar estas tierras y desarrollar efectivamente una reforma agraria integral”, cuestionaron.
Entre tanto, instaron al Estado Paraguayo y específicamente al Indert a que profundice las acciones para una Reforma Agraria Integral y que trabaje con las organizaciones campesinas para este proceso.
Asimismo, que se abstenga de acciones como la denunciada que atentan contra legítimos derechos de las comunidades campesinas, indígenas y sus integrantes.
Ley Zavala-Riera sanciona la invasión de tierras
La ley Fidel Zavala-Enrique Riera ya había aumentado las penas por invasiones de tierras de 5 a 10 años, pasando a ser un crimen, pese a que en Paraguay existe un serio problema de doble y hasta triple titulación de tierras, además de tierras malhabidas que fueron entregadas a los amigos de la dictadura stronista durante la “reforma agraria” que debía ser destinada a los campesinos.
Los beneficiarios de extensas propiedades hoy son de grandes empresarios y la recuperación de las 8 millones de hectáreas que fueron repartidas, son luchas que los campesinos aún llevan adelante, mientras que el Gobierno prefiere hacer la vista gorda al informe oficial emitido por la Comisión de Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia.
Tierras malhabidas e invaciones vip
Si bien, el actual ministro del Interior, Enrique Riera, fue el propulsor de la ley, poco y nada ha hecho para desalojar a los invasores vips, quienes con dinero y apoyo político han conseguido lucrar con tierras malhabidas y hasta el día de hoy son dueños de tierras que no les pertenecen.
El caso del hermano del senador patriaqueridista Fidel Zavala es uno de ellos, ya que en el 2011 revendió al Indert las mismas tierras malhabidas que había obtenido del ente agrario durante la dictadura. Nombres conocidos de empresarios, políticos y militares figuran en la lista.
Uno de los casos que generó indignación ciudadana fue el trato privilegiado a los invasores vips en la zona de Chaco’i, pese a tratarse de una propiedad del Ministerio de Defensa. En el interior del país, como el caso de Curuguaty, donde se desató una masacre, las tierras de Marina Cué pertenecían a la familia del político colorado Blas N. Riquelme, quien se benefició con miles de hectáreas.
El Gobierno actual realizó la transferencia oficial de las tierras de Marina Cué a los pobladores de la zona, luego de tantos años de lucha y dolor. Once campesinos y seis policías tuvieron que morir en un enfrentamiento que derivó en la destitución del presidente de la República, Fernando Lugo, quien había vencer al Partido Colorado y lograr una alternancia política.
Aunque siempre fueron del Estado y las personas no sujetas a dichas tierras aún las tienen bajo control, la familia Riquelme “devolvió” dichas tierras al Estado.
Tras la masacre de Curuguaty, un grupo de campesinos fueron procesados y enviados a prisión por largos años, hasta que un tribunal decidió absolverlos.
El actual fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue uno de los que votó por la absolución de los condenados y por dicha razón fue apercibido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Su colega, el juez Arnaldo Martínez Prieto renunció al cargo antes de ser juzgado por el JEM.
