“Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) manifestamos nuestra profunda preocupación ante la situación actual en la que se encuentran las comunidades indígenas y campesinas en Canindeyú, y más específicamente sobre lo ocurrido el día viernes 14 de agosto del corriente año”, señala el pronunciamiento presentado por los indígenas.
Desde la organización resaltaron que, desde la ampliación de la zona militarizada en el Departamento de Canindeyú, las comunidades campesinas e indígenas se encuentran expuestas a situaciones de violencia y enfrentamientos entre el Estado y grupos irregulares.
Además de “procesos de criminalización” y “persecución poco claros”.
“Resulta especialmente grave que, pese a las denuncias realizadas previamente por líderes comunitarios sobre actividades irregulares en la zona, no se hayan adoptado medidas oportunas para prevenir estos hechos”, indicaron en el pronunciamiento.
Por otro lado, enfatizaron que las denuncias de las comunidades deben ser escuchadas y atendidas, no criminalizadas.
“El Estado tiene la obligación de garantizar su protección, prevenir situaciones de violencia y responder de manera efectiva ante la presencia de grupos y actividades irregulares que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas”, agregaron desde la ong.
Afirmaron que la versión oficial sobre el “enfrentamiento” del día en el que dos integrantes de la comunidad indígena Yhapó han perdido la vida deja “muchísimas dudas de acuerdo a lo expresado por la comunidad y las familias, además de los indicios detectados en las correspondientes autopsias”.
“Ante estos hechos, exigimos que las investigaciones se desarrollen con debida diligencia, independencia, transparencia y respeto al debido proceso, garantizando justicia para las víctimas y sus familias”
La falta de respuestas estatales con enfoque de derechos humanos, sumada a la criminalización constante de comunidades campesinas e indígenas, profundiza su situación de vulnerabilidad y pone en riesgo vidas que deben ser protegidas.
El Estado paraguayo tiene la obligación de escuchar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, y especialmente de las comunidades indígenas y campesinas.
