La organización comparó sus estudios con los datos oficiales y concluyó que los principales problemas estructurales fueron confirmados.
La deuda por bonos creció 5.932% entre 2012 y 2023; una reestructuración reciente incluso aumentó los pasivos en un 50%; el 92,92% de los recursos del bono G8, que debía usarse para ocho obras de desagüe, se desvió a salarios y gastos corrientes.
Otro problema confirmado fue que en seis años el gasto en servicios personales subió 31%, mientras la inversión en obras apenas llegó al 10% del presupuesto.
La intervención, liderada por el economista Carlos Pereira, detectó además “enormes debilidades de control interno” que imposibilitaron la trazabilidad de los gastos.
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Por todo esto, Codeasu reclama que la Fiscalía y las autoridades actúen con firmeza: “Es indispensable que la Fiscalía y las autoridades pertinentes avancen en la imputación y procesamiento de los responsables de estos hechos”, señala el documento.
El Consejo plantea por otro lado una reforma municipal en siete ejes: actualización legal, profesionalización administrativa, reestructuración financiera, uso de “blockchain en licitaciones”, digitalización total de trámites, descentralización barrial, participación ciudadana e inclusión de organizaciones y audiencias públicas obligatorias.
El comunicado sostiene que existen ejemplos exitosos en ciudades de la región como Medellín, Quito, Curitiba, Bogotá y Porto Alegre, que pueden servir de guía para “transformar radicalmente una ciudad con liderazgo, cooperación internacional y participación ciudadana“.
Codeasu se declaró finalmente dispuesto a colaborar con las autoridades en la elaboración de un plan de reforma integral.
