14 jul 2026

Clama por juicio oral por estafa desde el 2017 y pasaron caso para el 2026

Un comerciante denunció que fue estafado en el 2017, y hasta ahora, a casi ocho años del caso, no puede hacerse el juicio oral. Mañana debía realizarse la audiencia, pero fue suspendida por un certificado médico. El tribunal de Sentencia pasó el juicio para marzo del 2026. También dice que hay peligro de prescripción.

f137e076-8e51-4813-a15e-109d8c9abf80.jpg

Denuncia. Luis Rodas, quien denunció a la prensa que no puede hacerse el juicio oral en su causa.

Foto: Gentileza.

Luis Rodas señaló que entre octubre y noviembre del 2017, junto con su esposa, puso en venta su joyería ubicada en Herrera y Antequera, de Asunción. Explicó que querían mudarse a otro sitio. Es así que entre los interesados en el local estaban Julio César Martínez Isasi y José Eduardo Villalba, quienes le propusieron comprar su comercio.

Relató que le pagaron con un cheque de G. 160 millones, que tuvo problemas de firmas, por lo que le cambiaron, pero luego este documento rebotó por falta de fondos. Al final, creyendo que hicieron la compra del local, les entregó la llave de su joyería, que luego fue vaciada totalmente.

Rodas dijo que hizo la denuncia ante la Fiscalía en diciembre del 2017, y así imputaron a ambos. Recién en el 2022 se elevó el caso a juicio oral, pero hasta ahora, el juzgamiento público no se realizó, ya que fue suspendido en más de seis ocasiones por distintos motivos, tales como recusaciones, falta de abogado, reposo, entre otros.

El Tribunal de Sentencia –integrado por los jueces Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas– fijó el juicio oral para mañana 10 de julio, pero el acusado Julio César Martínez Isasi presentó un certificado de reposo por 30 días y está internado en el Sanatorio Americano.

Los magistrados enviaron un médico forense para constatar el estado de salud del encausado, pero ya dispusieron la suspensión del juicio oral que debía realizarse mañana, junto con el coprocesado José Eduardo Villalba, que está en prisión.

Según Rodas, le informaron que el juzgamiento público pasará para marzo del 2026, con lo que ruega para que revean su decisión y adelanten por lo menos para este año. Dijo que el reposo del acusado es para hacerse una cirugía donde le iban a quitar grasa por lo que no era urgente.

Sobre el coprocesado José Eduardo Villalba, se encuentra en el penal de Tacumbú, ya que hace poco había sido extraditado de los Estados Unidos, por el caso conocido como el Operativo Cartier, según señaló.

El denunciante refirió que el procesado Martínez Isasi le hizo una denuncia por simulación de hecho punible en San Lorenzo, donde fue imputado junto con su esposa por este hecho punible.

“Me arruinó la vida, ya que nosotros quedamos en quiebra. Aún confío en la Justicia, por lo que ruego a los jueces que hagan el juicio oral”, aseguró Rodas.

En el caso de Julio César Martínez Isasi, también está acusado junto con el ex juez de Paz de Ybycuí Francisco Goiburú, por supuesta apropiación y prevaricato en grado de cómplice. En esta causa, también debe afrontar juicio oral.

Más contenido de esta sección
Fin de la pesadilla. Diana Rojas se reencontró con su pequeña hija tras horas de desesperación.
Procesado. Francisco Bustos, padre de la niña, quedó detenido en la Argentina y ya fue imputado.
La condena de 10 años de cárcel para el ex gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, fue ratificada por la Sala Penal de la Corte, que declaró inadmisible el recurso de casación planteado contra el fallo.
La Sala Penal de la Corte ratificó la pena de 3 años de cárcel para Justo Rubén Ferreira Servín, ex presidente de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), por contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia, y la absolución de los demás encausados.
Oposición. La Fiscalía Adjunta rectificó dictamen de los fiscales y pidió que el caso pasará a juicio.
Los fiscales Luis Piñánez, Luz Guerrero y Cristhian Benítez requirieron la desestimación de la denuncia presentada en contra del director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, por la adquisición de los pupitres chinos. Sostienen que no hubo perjuicio patrimonial.
En el juicio oral del caso conocido como Scanner, esta mañana, una de las defensas pidió una pena atenuada de 3 años de cárcel, luego de que en la audiencia anterior, el fiscal Andrés Arriola había requerido sanciones de entre 8 y 16 años de encierro.