Tras definir la Sala Penal de la Corte que la magistrada de Crimen Organizado era competente para el caso, finalmente la misma admitió la imputación contra la funcionaria de Registros Públicos, el hijo de Lalo Gomes y su abogado.
Según la Fiscalía, los mencionados supuestamente alteraron datos en la Dirección General de los Registros Públicos, con el fin de permitir la venta de bienes del encausado en el caso Pavo Real II, que estaban embargados por el juez de Crimen Organizado Osmar Legal.
Con ello, la jueza Rosarito Montanía tuvo por recibida la imputación contra Alcira Celeste Rodríguez Flores, por supuesta alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba. La citó para la audiencia de imposición de medidas para el 17 de setiembre, a las 09:00.
Además, también admitió la imputación contra Alexandre Rodrigues Gomes por supuesto lavado de activos y lo citó para el próximo 19 de setiembre, a las 09:00 para que, vía aplicación de Ciscowebex, se presente en forma telemática a la audiencia.
Finalmente, tuvo por presentado el pedido contra el abogado Óscar Luis Tuma Bogado, por supuesto lavado de activos, y lo citó para que se presente a audiencia para el próximo 18 de setiembre, a las 09:00, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez solicitaron seis meses para presentar su requerimiento conclusivo, con lo que la jueza les fijó para el 24 de enero de 2026.
En el caso, según dicen los agentes del Ministerio Público, el 19 de agosto de 2024, el juez Legal decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el embargo y bloqueo de todos los bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, debido a sospechas de lavado de activos.
Además, sostienen que el 21 de agosto de 2024, Alcira Celeste Rodríguez Flores, presuntamente, accedió de manera indebida al sistema informático de los Registros Públicos y alteró los datos de Alexandre Rodrigues Gomes, haciendo “desaparecer” la inscripción de la medida cautelar.
Añaden que debido a esta alteración, el 23 de mayo de 2025, Alexandre Rodrigues Gomes pudo transferir cuatro inmuebles de su propiedad a su abogado, Óscar Tuma, como pago de honorarios profesionales. Los inmuebles están valuados en G. 600.000.000, G. 300.000.000, G. 200.000.000 y G. 600.000.000.
Los agentes apuntan que Tuma tenía pleno conocimiento de las medidas cautelares que pesaban sobre Alexandre Rodrigues Gomes, ya que había apelado la resolución judicial que las dictaba.
Aducen que la transferencia de estos bienes se considera un intento de frustrar su eventual comiso, ya que se presume que son producto de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
Requieren medidas alternativas a la prisión preventiva para Alcira Celeste Rodríguez Flores y Óscar Luis Tuma Bogado, mientras que para Alexandre Rodrigues Gomes se solicita la prisión preventiva.
