Desde aquel que contrató a su mujer para evitar que los celos terminen por “incendiar su casa” hasta aquellos que amagaron con hacer renunciar a su prole, todos exhibieron una impudicia singular que arrastró al propio Peña en una arriesgada y torpe justificación entre la ética, la moral y la ley. En realidad, son unos sinvergüenzas que parasitan las arcas públicas ante una sociedad que apenas sobrevive, pero que ambiciona alguna vez le toque acceder a los beneficios del poder. Lo único que, en verdad, añoran estos cínicos es que no se sepa lo que ganan ni en qué concepto se les paga. El acceso a la información pública y el repetido cuestionamiento de la prensa nos han exhibido una caradurez crónica de unos legisladores dignos de dicho ejercicio.
Con el argumento de que “los cargos de confianza” no son sujetos de la ley del nepotismo, han llenado de miembros de sus familias que tendrían que estar viviendo de la dieta de los legisladores y no de los zoquetes que pagamos entre todos. Si el concepto es el servicio menos aún debieran estar en esos lugares con las extraordinarias limitaciones que tienen para el ejercicio del cargo con el que fueron honrados por sus parientes y administradores de la cosa pública. Hasta Galaverna tuvo que salir para afirmar que él nombró a más de 6.000 empleados públicos y todo esto no es más que la punta del iceberg. El Estado paraguayo en 70 años está lleno de parásitos que requieren un poderoso vermifugo para acabar con su anemia enfermiza. Organizar el servicio civil es una de las grandes tareas que el Estado debe acometer, aunque eso equivalga a cortar su propia carne. Es imposible tener tanta mala calidad de servicio y que se defiendan sus pérdidas con el argumento de que llegaron al poder trabajando en campañas y se merecen disfrutar del botín. El incombustible Óscar Stark al servicio de cualquier gobierno tomó el control de Copaco contándonos que la empresa pierde 500 millones de guaraníes al día y requiere dos millones de dólares al mes para pagar salarios de un funcionariado que acabó llevando a la quiebra a la telefónica estatal. De ahí salió el político Víctor Bogado de tan infausta memoria. Toda la estructura pública cree que su puesto se debe no a su capacidad, sino a la lealtad del poder político que lo arrimó al cargo. Eso lo sabe muy bien el presidente Peña, devenido de liberal a colorado y se los recordó a los mejor pagados de Itaipú, diciéndoles que “ni se les ocurra hacerse de los guapitos porque ellos están ahí por el Partido Colorado”. Si esto no refleja con claridad el pensamiento dominante de la casta en el poder, no logro comprender qué explicación más requeriríamos.
Nuestra estructura pública es prebendaria y clientelista. Más de 350.000 conforman el regimiento de asalto parasitario que nos desangra todos los días. Lo reconocen frente a nosotros. Lo asumen de forma pública y desembozada ante unos mandantes aletargados que todavía no se despiertan de la resaca de las fiestas de fin de año. Hacer el cambio requerirá mucha fortaleza y compromiso. Tendremos que tener un liderazgo ético que se anime a redactar una norma valiente que deba ser cumplida al costo incluso de hacerle perder el poder. Es demasiado para los líderes que tenemos. Ni los presidentes de ambas cámaras del Congreso ni Peña están interesados en cambiar. Desean una norma que a las apuradas apague el incendio que desataron los cínicos. Si continúa la prensa mostrando cómo nos roban nuestros impuestos, el fuego podría crecer cuando despertemos a la realidad en marzo. De momento están buscando cansar y agotar a la opinión con el argumento de que todo eso es cultural y que viene desde los tiempos de Martínez de Irala y sus decenas de cuñados.
Hay que acorralar a los cínicos y sinvergüenzas. Hacerlos caer en contradicciones y buscar su humillación ante sus mandantes de verdad, aunque se queme el techo de la casa de algunos y sientan el bullying los nepobabies. Hay que desenmascararlos.
