Varias comunidades de Yaguareté Forest, en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, se declararon en estado de movilización tras recibir la información de que unas 7.000 hectáreas, que ocupan desde hace 22 años, se encontrarían embargadas.
De acuerdo con Arnaldo Aguayo, uno de los pobladores, la notificación fue realizada por funcionarios regionales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quienes habrían señalado que la institución no puede cobrar ni avanzar en el proceso de titulación debido a la existencia de medidas judiciales sobre las propiedades.
Ante este escenario, los manifestantes procedieron al cierre de la ruta PY11, anteriormente conocida como Juana María de Lara, como primera medida de presión, exigiendo una solución urgente que permita destrabar el conflicto jurídico y garantizar la seguridad jurídica de las familias asentadas.
Según los dirigentes, más de 5.000 familias residen en la zona desde que el Indert adquirió en su momento las tierras de Paso Curuzú y otros propietarios.
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Sin embargo, la presunta existencia de embargos impide actualmente cualquier gestión administrativa para la titulación definitiva de los lotes.
La preocupación aumenta debido a que algunos ocupantes aseguran estar recibiendo amenazas de desalojo. En ese contexto, las comunidades otorgaron un plazo de ocho días al Indert para ofrecer una respuesta concreta. De no haber avances, advirtieron que adoptarán medidas de fuerza más drásticas en defensa de las tierras que consideran su único sustento.
