La ex ministra de Justicia y abogada Cecilia Pérez Rivas publicó este domingo un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, en el que criticó la efectividad de las medidas contra el crimen organizado, luego de que Estados Unidos declarara como terroristas al Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) y se anunciara que buscarán asfixiar las finanzas de estos grupos.
Pérez Rivas sostiene que esto se viene anunciando desde 2024 y que no hubo cambios sustanciales y denunció además la falta de resultados concretos en la lucha contra el lavado de dinero.
Advirtió además sobre supuestos vínculos y debilidades institucionales en organismos clave del sistema de seguridad y justicia.
La abogada reaccionó al artículo publicado por Última Hora sobre las medidas orientadas a “asfixiar las finanzas” del Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Vermelho (CV) en la frontera, con una serie de cuestionamientos a través de su cuenta en la red social X.
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En su publicación, afirmó que “Paraguay ya hizo lo propio en octubre de 2024” y planteó: “¿qué cambió desde entonces?”. Según su visión, “absolutamente nada”, señalando que las nuevas medidas anunciadas no representan un giro real en la estrategia.
Pérez Rivas sostuvo que, en ese periodo, no existió avance concreto, relacionado a los operativos contra el crimen organizado, sino “blanqueamientos sin consecuencias, causas desestimadas con llamativa velocidad y ausencia total de acciones reales”.
“La etiqueta existió. El combate, no”, fustigó.
Paraguay ya hizo lo propio en octubre de 2024. ¿Qué cambió desde entonces? Absolutamente nada. Al contrario. Y sin embargo, hoy se anuncian medidas. 🧵 pic.twitter.com/gY8NlNhdW0
— Cecilia Perez Rivas (@cperezrivas) May 31, 2026
En otra parte de su mensaje, a través de un hilo del ex Twitter, hizo referencia a los denominados #Lalochats, mensajes de WhatsApp del extinto diputado Eulalio Lalo Gomes, que se conocieron a través de los medios.
Afirmó que habrían quedado “evidencias documentadas” de supuestos vínculos entre el PCC y funcionarios del sistema judicial, a quienes apuntó por protección de causas y desvío de investigaciones.
También citó al narco uruguayo Sebastián Marset, caso “que lo ilustra a la perfección”, ya que su escape se habría producido por filtraciones internas.
Cuestionó que los responsables no hayan sido sancionados, afirmando que continúan en sus cargos.
Asimismo, mencionó a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y la Seprelad, donde, según su planteo, permanecerían personas con vínculos con el entorno de Lalo Gomes.
Quien fuera ministra en el periodo de Mario Abdo Benítez como presidente, también manifestó que la lucha contra el financiamiento del crimen organizado requiere “fiscales independientes, jueces sin compromisos y organismos sin operadores”.
Cuestionó, además, la capacidad del Estado para ejecutar las medidas anunciadas, al señalar que “la pregunta no es qué se anuncia, sino quién lo ejecuta”.
