En la entrega anterior, se realizó un análisis del pensamiento político-estratégico del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, abarcando las distintas dimensiones que afectan a la sociedad chilena. Este artículo analiza las propuestas concretas de Kast en dos de las dimensiones que más preocupan a los ciudadanos chilenos: la economía y el sector laboral.
El programa presidencial de Kast sitúa sus propuestas económicas y laborales en un escenario caracterizado por bajo crecimiento, estancamiento de la inversión, aumento del desempleo y debilitamiento de la confianza económica. De tal modo, la economía chilena enfrenta una pérdida de dinamismo productivo asociada a incertidumbre regulatoria, alta carga tributaria, expansión del gasto público y rigideces del mercado laboral. Este contexto ha limitado la creación de empleo formal y afectado la competitividad del país, generando la necesidad de un conjunto de reformas orientadas a reactivar la inversión, el crecimiento y el trabajo.
El programa de Kast presenta un conjunto de propuestas económicas y laborales orientadas a modificar el marco de funcionamiento de la economía chilena, con énfasis en el crecimiento, la inversión privada, la generación de empleo formal y la redefinición del rol del Estado en la actividad productiva. Las medidas se concentran en política tributaria, regulación económica, mercado laboral, empleo, emprendimiento y gasto público, configurando un enfoque en el cual el sector privado es el principal motor del desarrollo económico.
En el ámbito económico, una de las propuestas centrales es la reducción de la carga tributaria para empresas y personas. El programa plantea disminuir los impuestos corporativos con el objetivo de incentivar la inversión, mejorar la competitividad de la economía y facilitar la creación de empleo. Esta reducción impositiva se acompaña de una propuesta de simplificación del sistema tributario, orientada a reducir su complejidad administrativa, facilitar el cumplimiento y disminuir los costos asociados a la formalidad económica. El programa busca eliminar distorsiones que, según su planteamiento, afectan negativamente la actividad productiva y el crecimiento.
Junto con la política tributaria, el programa propone fortalecer la estabilidad regulatoria como principio fundamental de la política económica. Se plantea establecer reglas claras, previsibles y estables para la inversión, evitando cambios normativos frecuentes que generen incertidumbre. En este marco, se enfatiza la protección del derecho de propiedad y la seguridad jurídica de los proyectos productivos, así como la necesidad de que las decisiones regulatorias no alteren de manera retroactiva las condiciones bajo las cuales se realizaron inversiones. Esta estabilidad normativa se presenta como un incentivo clave para atraer inversión nacional y extranjera.
Otra propuesta relevante es la reducción de la burocracia estatal que afecta la actividad económica. El programa plantea eliminar trámites considerados innecesarios, simplificar procesos administrativos y acelerar la obtención de permisos sectoriales. Se propone reducir los plazos de evaluación de proyectos de inversión y coordinar a los distintos organismos públicos involucrados, con el fin de disminuir costos y tiempos para empresas y emprendedores. Estas medidas se orientan a facilitar tanto la creación de nuevas empresas como la expansión de las ya existentes, especialmente en sectores productivos estratégicos.
En relación con el gasto público, el programa económico propone una revisión exhaustiva de los programas estatales, con el objetivo de reducir el gasto considerado ineficiente o redundante. Se plantea reasignar recursos hacia áreas prioritarias y mantener disciplina fiscal, evitando aumentos sostenidos del déficit público. La sostenibilidad de las finanzas del Estado aparece como un principio central, junto con la contención del crecimiento del aparato estatal. El programa busca limitar el gasto permanente y priorizar el equilibrio fiscal como condición para la estabilidad económica de largo plazo.
El emprendimiento ocupa un lugar relevante dentro de las propuestas económicas. El programa plantea fomentar la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas mediante incentivos tributarios, reducción de regulaciones y simplificación administrativa. Se propone facilitar el acceso al financiamiento, reducir barreras de entrada a la formalidad y promover un entorno favorable a la iniciativa emprendedora. Estas medidas buscan diversificar la base productiva, aumentar la competencia y generar nuevas fuentes de empleo.
En el ámbito laboral, el programa propone un conjunto de medidas destinadas a impulsar el empleo formal y reducir el desempleo mediante incentivos a la contratación y una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. Se plantea reducir los costos de contratación para los empleadores, revisando regulaciones, cotizaciones y obligaciones laborales que, según el programa, encarecen la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en pequeñas y medianas empresas. La reducción de estos costos busca estimular la contratación formal y disminuir la informalidad laboral.
La flexibilización laboral constituye otro eje central de las propuestas. El programa plantea adaptar la legislación laboral a las distintas realidades productivas del país, permitiendo modalidades de contratación más flexibles, jornadas laborales ajustables y acuerdos entre empleadores y trabajadores que reflejen las condiciones específicas de cada sector económico. Esta flexibilidad apunta a facilitar la creación de empleo y a permitir una mejor adaptación del mercado laboral a cambios económicos y productivos.
Asimismo, el programa propone incentivos específicos a la contratación de grupos con mayores dificultades de inserción laboral, como jóvenes, mujeres y adultos mayores. Estos incentivos pueden incluir subsidios focalizados o reducciones de costos laborales, con el objetivo de aumentar la participación laboral y reducir brechas de acceso al empleo. El enfoque busca promover la inclusión laboral sin recurrir a mecanismos de expansión del empleo público.
En materia de capacitación y formación laboral, el programa propone alinear los programas de capacitación con las necesidades reales del mercado de trabajo. Se plantea fortalecer la formación técnica y profesional, vinculando la capacitación a sectores productivos con demanda laboral efectiva. El objetivo es mejorar la empleabilidad de los trabajadores y facilitar procesos de reconversión laboral en contextos de transformación productiva o cambio tecnológico.
El programa también contempla una revisión de los subsidios laborales y sociales vinculados al empleo. Se propone evitar que estos subsidios se transformen en mecanismos permanentes de dependencia, estableciendo su carácter transitorio y su orientación a la inserción laboral. Las ayudas estatales asociadas al trabajo deben, según el programa, facilitar el acceso al empleo formal y no sustituir de manera prolongada el ingreso proveniente del trabajo.
En cuanto a los derechos laborales, el programa no plantea su eliminación, sino una reorganización bajo criterios de equilibrio entre protección al trabajador y dinamismo económico. Se propone mantener estándares básicos de protección laboral, evitando rigideces normativas que limiten la contratación o incentiven la informalidad. El énfasis está puesto en compatibilizar estabilidad laboral con adaptabilidad del mercado de trabajo.
Finalmente, el programa económico y laboral establece una relación directa entre crecimiento económico, empleo y mejora de ingresos. La mejora de salarios y condiciones laborales se concibe como el resultado del dinamismo productivo y del aumento de la inversión, más que como consecuencia de regulaciones salariales extensivas. En este marco, el rol del Estado se define principalmente como facilitador del crecimiento, garante de estabilidad macroeconómica y regulador básico del mercado laboral.
En conjunto, las propuestas económicas y laborales del programa de José Antonio Kast configuran un enfoque centrado en la iniciativa privada, la reducción de cargas tributarias y regulatorias, la flexibilización del mercado laboral y la disciplina fiscal. El objetivo declarado de estas medidas es impulsar la inversión, fortalecer el empleo formal y consolidar el crecimiento económico como base del desarrollo.
Un desafío significativo para la implementación de las propuestas económicas y laborales de José Antonio Kast radica en la ausencia de una mayoría parlamentaria estable entre sus aliados políticos. Muchas de las medidas centrales del programa, tales como la reducción de impuestos, la flexibilización del mercado laboral, la reforma regulatoria y los recortes al gasto público, requieren aprobación legislativa y, en algunos casos, mayorías calificadas. En un Congreso fragmentado, esta configuración limita la capacidad del Poder Ejecutivo para avanzar de manera unilateral con una agenda de reformas integral y aumenta la probabilidad de una implementación parcial o de una dilución de las políticas. Al mismo tiempo, se presenta como una gran oportunidad de recuperar la política de los grandes acuerdos establecidos entre la centro izquierda y la centro derecha por más de dos décadas tras el retorno de la democracia. Una vía consiste en priorizar reformas con mayor potencial de apoyo transversal, como aquellas orientadas a estimular la inversión, el empleo y la eficiencia administrativa. Otra estrategia es avanzar mediante acciones ejecutivas y reformas regulatorias que no requieran aprobación legislativa plena, mientras se construyen coaliciones específicas según cada iniciativa. Finalmente, un diálogo sostenido con sectores moderados de la oposición y el uso del contexto de urgencia económica como marco interpretativo podrían facilitar compromisos negociados. En estas condiciones, la viabilidad del programa de Kast depende no solo de su coherencia económica, sino también de su capacidad para adaptarse a las restricciones institucionales y políticas del Congreso.
