Meses atrás, bajo patrocinio del abogado Federico Campos López Moreira, Dionicia Maíz Orellana formuló una denuncia ante el JEM contra el juez de primera instancia de la ciudad de Filadelfia Carlos Alberto Lezcano.
Sin embargo, hasta la fecha no se dictó sanción, suspensión ni medida alguna, permaneciendo el expediente en estado de total inacción, según la denunciante. El magistrado posee antecedentes, ya había sido anteriormente sancionado y apercibido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un caso relacionado con la liberación de varillas de hierro y, de acuerdo con los antecedentes citados, cuenta con otras denuncias pendientes ante el organismo.
En paralelo, la Cámara de Apelaciones de Boquerón aún no se pronunció en el expediente N° 305/2016, caratulado “Dionicia Maíz Orellana c/ Alexandre Dos Santos Filho y otros s/ usucapión”, en el que se apeló el rechazo de una medida cautelar de prohibición de innovar y de anotación de litis. Dicho rechazo fue dispuesto por el entonces juez Ricardo Gosling Ferreira, quien posteriormente fue destituido y actualmente se encuentra recluido en la Agrupación Especializada por una causa de abuso sexual en niños.
El expediente sigue radicado en la Cámara de Apelaciones de Boquerón, integrada por los camaristas César Denis Macoritto, Emigdio Castillo Lezcano y Carlos Milciades Miranda Ruiz Díaz, sin que hasta el momento se hayan emitido votos, lo que mantiene el proceso paralizado y, según la parte denunciante, perjudica gravemente a Maíz Orellana por la excesiva lentitud judicial.
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Mientras tanto, la contraparte –integrada por Estancia Rancho Uno, Banco Continental, Alfonso Noria y otros– se encuentra amparada por la Sentencia Definitiva N° 171, de fecha 4 de setiembre de 2024, dictada en el expediente “Estancia Rancho Uno s/ Acción Puramente Declarativa de Certeza”, sobre una superficie de aproximadamente 8.000 hectáreas que, según la denunciante, estaban en posesión de Dionicia Maíz, de donde fue desalojada. Dicha sentencia lleva la firma del juez denunciado, Carlos Alberto Lezcano.
De acuerdo con la presentación, los demandados continúan realizando desmontes y preparación de tierras para cultivo, lo que estaría borrando de manera progresiva todo vestigio de la ocupación previa de Maíz Orellana. La situación, afirman, se ve favorecida por la falta de medidas cautelares y por la inacción del Poder Judicial, dejando a la afectada en un escenario de evidente desprotección.
Actualmente, todos los expedientes vinculados al caso se encuentran paralizados, sin que se hayan otorgado medidas de protección ni anotaciones de litis; entre ellos figuran cinco documentaciones.
La defensa de Maíz Orellana insiste en la urgencia de que los órganos judiciales y el JEM adopten decisiones que eviten mayores perjuicios y garanticen la tutela judicial efectiva, ante lo que consideran una prolongada parálisis de causas sensibles vinculadas a derechos posesorios y patrimoniales.
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Cabe señalar que la familia Maíz denunció públicamente una serie de usurpaciones ilegales en la ribera del Pilcomayo, en la zona de Agropil, Departamento de Boquerón. Señalan como responsables al senador ex cartista Alfonso Noria y a la firma del ciudadano menonita Hans Arno Enns, con el apoyo del juez Carlos Alberto Lezcano.
Por su parte, Noria negó totalmente haber realizado el desalojo. Comentó que alquila algunas propiedades de la zona y acusa a la familia Maíz de invadir tierras en esa zona para luego promover juicios de usucapión. “Categóricamente es mentira que yo haya ido a desalojar. Me acusan y yo no tengo nada que ver con eso ahí”, manifestó.
