En la sesión extraordinaria de este jueves, los senadores deberán proponer una terna de candidatos a contralor y otra para el cargo de subcontralor. El oficialismo –que tiene mayoría de votos– ya decidió que tanto el actual titular de la Contraloría, Camilo Benítez, como el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, formen parte de los ternados.
La elección definitiva estará a cargo de la Cámara de Diputados, que deberá prestar su acuerdo para la designación de ambos funcionarios, de extracción colorada. Según trascendidos, el oficialismo dará su acuerdo a ambos.
Justamente, días atrás la senadora Celeste Amarilla declaró que, según “comentarios de pasillos”, las próximas autoridades de la Contraloría serán Camilo Benítez y Armindo Torres.
Desde la oposición, hay resistencia a la designación de Benítez. Varios legisladores solicitaron su remoción del concurso señalando que Benítez ya fue contralor en dos ocasiones. Primeramente en el periodo anterior, donde completó 29 meses y fue electo en el 2021 por 5 años.
La bancada de Honor Colorado se escuda en un dictamen elaborado por el asesor jurídico del Senado Emilio Camacho, que concluye que la postulación de Benítez no es inconstitucional y no constituye una tercera elección. El argumento central del abogado es que el periodo 2019-2021 de Benítez no representó una “primera designación” formal, sino solo una “sustitución” del titular por su condición de subcontralor, por lo que fue electo formalmente por primera vez recién en el año 2021.
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Benítez también recibió muchas críticas por su actuación en la investigación a la Municipalidad de Ciudad del Este, cuyo pedido de intervención generó la destitución de Miguel Prieto. A la Contraloría se le señaló como un órgano instrumentado para perseguir a actores de la oposición.
Asimismo, la Contraloría no encontró irregularidades en el crecimiento económico del presidente de la República, Santiago Peña. El ente dictaminó que existe correspondencia entre lo declarado por el mandatario y la información que figura en los registros institucionales constatados en dos periodos, por lo que “no se han identificado elementos que configuren el incremento patrimonial no razonable o no proporcional a los ingresos lícitos del declarante”.
De una lista inicial de 49 candidatos, el grupo quedó en 36 luego de registrarse cuatro exclusiones, cuatro ausencias y cinco renuncias durante el periodo de audiencias públicas.
