Los abogados constitucionalistas parten del antecedente de que Camilo Benítez ingresó primeramente como subcontralor y que él reemplazó a Enrique García en la titularidad de la Contraloría General de la República (CGR) entre el 2019 y 2021; por lo tanto, no cuenta como primer mandato porque lo hizo como sustituto.
Para Hugo Estigarribia es muy clara la situación desde el punto de vista legal. “Él tiene un mandato como contralor y ahora se postula para un segundo mandato; entonces, desde el punto de vista legal, él está habilitado para ser candidato a contralor y ser electo contralor porque este sería su segundo mandato como contralor electo”, explicó.
De esta manera, entiende como primer periodo al frente de la CGR cuando fue electo en el 2021 a través de una terna de la Cámara de Senadores y la votación en Diputados, ambos espacios con mayoría cartista.
Es importante señalar que la duración del periodo es de 5 años y en el caso de Camilo Benítez ya cumplió 7 años al frente de la Contraloría, primeramente como sustituto y luego como autoridad electa.
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A su vez, Emilio Camacho, quien además formó parte de la Comisión Redactora de la Convención Nacional Constituyente, explicó que el artículo 281 de la Carta Magna habla de la posibilidad de confirmación del contralor, mientras que el artículo 22 menciona la reelección. En ambos casos, la interpretación es la misma.
“Entonces, él ahora se está presentando por primera vez para ser confirmado nuevamente según la Constitución y que la ley usa la palabra reelección, podrá ser reelegido. Por lo tanto, él está perfectamente habilitado para presentarse; eso sí, siguiendo el mismo procedimiento por el cual fue nombrado anteriormente, es decir, concursar ante la Cámara de Senadores, se hace la terna y la Cámara de Diputados decide sobre esa terna”, precisó.
El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia José Altamirano coincide con esta mirada y recordó que los plazos de mandato en los diferentes órganos van de tres a cinco años, con la posibilidad de volver a postular mediante un concurso, salvo que la legislación exprese lo contrario para situaciones específicas.
“La no reelección para mandatos expresos en lo que quisieron nuestros constituyentes fue siempre que no se permitiera la continuidad, en todo caso que se concursara para acceder al cargo y este señor realmente completó una primera etapa y concursó para el plazo completo. Yo no creo que tenga inhabilidad para poder concursar, pero no precisamente para que tenga una suerte de tácita reconducción en su mandato”, refirió.
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Acuerdo político
Desde un principio, la oposición cuestionó la postulación de Camilo Benítez, primeramente por su cercanía al cartismo, especialmente desde su elección en el 2021. Le atribuyen el blanqueamiento del enriquecimiento de Santiago Peña, ya que el informe de la Contraloría omitió la revisión de las declaraciones juradas del presidente entre 2017 y 2023, bajo el argumento de que no compete revisar el periodo que se dedicó al sector privado. Coincidentemente en ese lapso, el patrimonio del mandatario creció G. 23.000 millones.
Posteriormente, los legisladores del tercer espacio argumentaron la posible inconstitucionalidad de su candidatura, interpretando como primer mandato los años que reemplazó a Enrique García, pero por sobre todo reclaman que se respete el acuerdo político histórico para que un opositor sea designado contralor.
Los senadores Líder Amarilla (PLRA) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) insistieron con su exclusión en la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero sus reclamos fueron ignorados por sus colegas cartistas, quienes postergaron el estudio para seleccionar los perfiles “más aptos”.
La interpretación legal del constitucionalista Hugo Estigarribia es independiente a la crítica que tiene hacia el cartismo. “Lo deseable para que haya un equilibrio, un control que sea más imparcial, es que sea un opositor”, manifestó.
Al también el ex senador le preocupa que la oposición se cierre a aceptar al menos la Subcontraloría, de manera que la persona designada “controle” al titular. “Acá no queda otro camino que el acuerdo político para tener una Contraloría equilibrada en lo que se refiere a representación política. Lastimosamente, la situación le da ventaja a una mayoría de decidir por sí misma”, concluyó.
José Altamirano, en cambio, cuestionó la gestión al frente de la Contraloría, especialmente por la selectividad con la que audita instituciones, ya que considera que todo gasto público debe ser sometido a control.
“La Contraloría tiene funciones más amplias de las que ejerce, pero no tiene la capacidad de intervenir y participar en la fiscalización y ser el contralor total de todas las entidades del Estado, incluidos los entes binacionales”, criticó.
En total son 37 los postulantes a la CGR; además de Camilo Benítez, el subcontralor Augusto Paiva también busca su reelección, pero también se presentaron varios otros funcionarios de la misma institución.
