La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) resaltó la importancia de contar con un Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, de modo a “garantizar condiciones de vida digna a niñas, niños y adolescentes en nuestro país desde un abordaje integral”.
Asimismo, la coordinadora aseguró que tener un plan para la prevención y protección de la niñez y la adolescencia “es una prioridad, a modo de cambiar estos indicadores que muestran un presente hostil y un futuro incierto para el valor más preciado de una sociedad: sus niñas, niños y adolescentes”.
La CDIA señaló que este documento busca prevenir y revertir las situaciones de violencia contra este sector. Afirmó que por la pandemia del Covid-19, miles de niñas, niños y adolescentes sufren el impacto de la crisis.
“Se trata de una herramienta a través de la cual el Estado paraguayo y todas sus instituciones coordinan y articulan de modo intersectorial e interinstitucional sus acciones programáticas para garantizar el cumplimiento de todos los derechos para todos los niños y todas las niñas”, expresó el pronunciamiento.
Asimismo, la organización destacó el proceso participativo en el que fue elaborado el documento del plan liderado por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna)
“Los principios y valores del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia están en correlación plena con el ordenamiento jurídico nacional y los compromisos internacionales. De allí la importancia de la perspectiva de diversidad, que incluye la discapacidad, todas las formas de discriminación y también la interculturalidad, a modo de brindar cobertura a las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes indígenas, de comunidades afrodescendientes y de otras colectividades asentadas en el Paraguay”, indicó.
La CDIA, además, instó al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a generar todas las condiciones necesarias para la efectiva implementación del documento.
Construcción colectiva
En el mismo sentido, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia destacó que el plan tuvo un proceso de construcción colectiva.
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, destacó que diversos sectores participaron en la elaboración del documento.
La titular del Minna explicó que para que las políticas surtan efecto tienen que tener duración en el tiempo, para poder ir midiendo y revisando los resultados.
“En este sistema hablamos de que el Estado como garante tiene que estar en los tres niveles: gobierno central, gobierno departamental y gobierno municipal, y una articulación de todos los órganos del Estado a los efectos de poder dar un buen cumplimiento”, manifestó.
Martínez celebró que los padres se quieran involucrar en el proyecto y aseguró que existe la apertura necesaria para “trabajar con todos”.
“Nos gustaría poder trabajar con todos los padres que se sumen a este Plan de trabajo para la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, que es el objetivo primordial de todas las políticas de Estado que están en el mismo sentido diseñados, con todos los compromisos que el Estado paraguayo asumió con los Objetivos de Desarrollo 2030”, dijo.
Organizaciones civiles objetan el plan
El comunicado de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) se da un día después de que 40 organizaciones expresaran su objeción al plan del Ministerio de la Niñez y Adolescencia que propone desde una reforma del Estado la inclusión de la ideología de género en los planes de estudio.
Las organizaciones alegaron que el Estado no es el principal garante del bienestar del niño y adolescente.
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Destacaron que el referido plan además transgrede el derecho inviolable de los padres en la educación de sus hijos, y en especial en materia de educación sexual y reproductiva, estipulado en el art. 14 del Código de la Niñez y Adolescencia “Del derecho a la salud sexual y reproductiva”.
Una de las principales objeciones refiere que es inadmisible que una institución del Estado que supuestamente tiene “como finalidad general que niños, niñas y adolescentes de nuestro país accedan a sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional”, como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, pretenda aplicar un plan que transgrede la propia normativa constitucional y legal.
