La asesora jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este, Nidia Silvero de Prieto, presentó una denuncia por lesión de confianza en contra de Perla Rodríguez de Cabral, quien interinó la intendencia por tres meses.
Este delito, según señaló la letrada, se dio con la contratación de unos 1.350 nuevos funcionarios municipales. En la causa fue designada la fiscala Juliana Giménez, informó el corresponsal Edgar Medina.
“La contratación se realizó de forma dolosa y deliberada, a sabiendas de que no se tenía disponible el dinero para el pago de salarios en las arcas municipales”, expresó la abogada.
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A su vez, recalcó que todas las nuevas vinculaciones fueron realizadas “meramente por cuestiones electorales”, a fin de “comprar la voluntad popular”.
La contratación de estas personas fue descubierta por el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y la titular de la Dirección de Recursos Humanos de la Comuna, Yolanda Paredes.
Fue así que el jefe comunal decidió descontratar a 861 funcionarios, de los cuales 400 ya fueron debidamente comunicados.
Además del supuesto perjuicio patrimonial, de al menos G. 3000 millones, que representó este hecho para la Comuna, la nueva administración reveló un presupuesto de G. 250 millones destinado a la compra de cientos de productos de limpieza con los que ya no cuentan.
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El primer contrato firmado con la empresa fue el 5 de marzo, para la provisión de productos de limpieza por valor de G. 123.464.500; y el 3 de abril se tiene otro contrato para proveer bolsas plásticas medianas, por valor de G. 111.580.000.
Actualmente, en el depósito solo hay dos paquetes de bolsas pequeñas, de acuerdo con los datos de los actuales encargados.
Segunda denuncia
La acción legal presentada por la Municipalidad es la segunda en contra de la ex intendenta interina. La primera fue presentada hace dos días por un grupo de abogados esteños, quienes la denunciaron por lesión de confianza y estafa.
Los abogados afirman que amerita la intervención del Ministerio Público para erradicar esta práctica de la función pública, donde administradores de turno, para fines electorales, contratan masivamente, sin necesidad alguna, para el servicio municipal.
